La industria de las energías renovables se encuentra en el centro de un ambicioso proyecto de ley que busca establecer un marco de transición energética en Argentina. Esta iniciativa, impulsada por la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), tiene como objetivo principal atraer financiamiento internacional y descarbonizar la economía del país.

El proyecto de ley propone un conjunto de incentivos, similar al RIGI, que facilitarían la modernización de la infraestructura energética y el almacenamiento sin comprometer los recursos del Tesoro. La intención es consolidar una matriz energética competitiva que permita liberar saldos exportables de hidrocarburos, aprovechando las oportunidades que brinda la transición hacia fuentes de energía más limpias.

La estructura de la ley se organiza en siete capítulos, cada uno diseñado para operar de manera independiente, lo que simplificaría su tratamiento en el ámbito legislativo. Marcelo Álvarez, presidente de CADER y principal promotor de esta iniciativa, destacó que este enfoque transforma la percepción de las metas ambientales, presentándolas no solo como un desafío, sino como una oportunidad para el desarrollo económico.

La propuesta surge tras un exhaustivo proceso de discusión que incluyó a actores clave del sector privado, como la Unión Industrial Argentina (UIA), instituciones agropecuarias, universidades y organismos técnicos. Este diálogo busca dotar al país de un marco regulatorio claro y predecible que facilite la llegada de capitales destinados a mitigar el cambio climático.

Álvarez enfatizó que el proyecto tiene un potencial transformador, actuando como un “game changer” que impactará directamente en sectores estratégicos como la energía, la minería y el hidrógeno verde. Además, la ley obligará a todas las industrias a internalizar su huella de carbono en sus procesos productivos, premiando a quienes se adapten a las exigencias de descarbonización y penalizando a los modelos productivos no sostenibles.

Desde la perspectiva del sector, la competitividad es clave. La propuesta no se basa en restricciones climáticas, sino en cómo aprovechar el financiamiento verde internacional para fomentar la descarbonización. Estudios comparativos, como los del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sustentan esta visión, mostrando que el escenario de “Business As Usual” (BAU) para Argentina podría generar costos exorbitantes de US$261.000 millones hacia 2050, duplicando las emisiones de 2019.

En contraste, un modelo centrado en energías renovables podría proporcionar un ahorro de US$31.000 millones y reducir las emisiones en un 59%. Además, el impacto en el empleo es significativo: mientras que el gas natural podría generar 13.000 empleos hacia 2030, el sector de renovables podría crear hasta 139.000 puestos de trabajo, con la posibilidad de aumentar a 145.000 si se fomenta la cadena de valor local.

El contenido del proyecto abarca áreas críticas como el hidrógeno verde, la eficiencia energética, la continuidad de la Ley 27.191 para energías renovables, y el tratamiento del oil & gas residual. La ley se destaca por su autonomía respecto a los recursos del Tesoro Nacional, lo que es crucial en un contexto de restricciones fiscales. Según Álvarez, la clave está en la seguridad jurídica y no en subsidios directos, lo que permitiría captar financiamiento sin afectar las cuentas públicas.

Este enfoque también contempla la coexistencia con los recursos fósiles existentes, como los de Vaca Muerta, proponiendo una transición inteligente que maximice los ingresos por exportaciones. La idea es descarbonizar el consumo interno mediante fuentes limpias y liberar el saldo exportable de hidrocarburos, posicionando a Argentina como un país que combina una matriz energética limpia y accesible con la exportación de recursos fósiles y hidrógeno.

El proyecto también incluye la creación de un Instituto Autárquico para el desarrollo del sector energético, encargado de supervisar y ajustar las metas legislativas según la evolución tecnológica. Además, se prevén incentivos fiscales para fomentar inversiones en infraestructura crítica, como gasoductos y plantas de licuefacción, buscando reducir el riesgo país y compensar las asimetrías de financiamiento que enfrenta la industria local.

En cuanto al contexto político, CADER considera que el año 2026 representa una oportunidad única para el tratamiento de esta norma, debido a la ausencia de elecciones nacionales. La expectativa es que el proyecto tome estado parlamentario y avance hacia su aprobación, marcando un paso decisivo en la transición energética de Argentina.