Las senadoras Flavia Royón y Sonia Rojas Decut presentaron dos proyectos de ley en el marco del lanzamiento de la Mesa Interjurisdiccional para el Desarrollo de los Mercados de Carbono, destacando la necesidad de cumplir con el artículo 6 del Acuerdo de París.

Objetivo de la Mesa Interjurisdiccional de Carbono

Durante el evento, que contó con la participación de representantes de al menos once provincias y del gobierno nacional, se estableció la Mesa Interjurisdiccional con el fin de impulsar un marco regulatorio para los créditos de carbono generados por proyectos ecológicos. Los miembros de la mesa solicitaron al gobierno que se adhiera al mecanismo de transacción de créditos previsto en el Acuerdo de París, esencial para su comercialización.

Importancia de los Créditos de Carbono

Los créditos de carbono son unidades que representan la reducción o mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a partir de iniciativas verdes, como la reforestación o la captura de dióxido de carbono en proyectos de petróleo y gas natural. En la actualidad, varios países están desarrollando mercados de carbono para financiar proyectos sostenibles.



Mercado de carbono argentino: trazabilidad, créditos ambientales y conexión internacional para proyectos sostenibles.
Mercado de carbono argentino: trazabilidad, créditos ambientales y conexión internacional para proyectos sostenibles.

Contribuciones Nacionales y el Acuerdo de París

Las senadoras enfatizaron la urgencia de que Argentina presente sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), un paso crucial para participar en los mercados internacionales de carbono. El artículo 6 del Acuerdo de París establece que los países deben presentar su NDC para poder comerciar con créditos de carbono, especificando las metas de reducción de emisiones en diferentes sectores económicos.

Propuestas de los Proyectos de Ley

Los proyectos de ley proponen crear un marco regulatorio para los mercados voluntarios de carbono, estableciendo un régimen registral nacional que garantice la trazabilidad de los créditos y evite la doble contabilización de emisiones. Además, reconocen el dominio de las provincias sobre los recursos naturales en su territorio, permitiendo que estas creen registros de carbono interoperables con el ReNaRe.