Argentina y Chile retomaron este 27 de agosto la revisión técnica del Tratado de Integración y Complementación Minera, con la logística del cobre como uno de los principales ejes. El objetivo es facilitar el tránsito de equipos, insumos y servicios y analizar el uso compartido de infraestructura para proyectos ubicados en la alta cordillera.
Para la minería argentina, el punto central es económico: varios de los grandes depósitos de cobre están separados del Pacífico por la Cordillera pero relativamente cerca de infraestructura minera, energética y portuaria desarrollada durante décadas por Chile. Integrar parte de esos sistemas podría reducir distancias, CAPEX y costos operativos en determinados proyectos.
Una cartera potencial de US$20.700 millones
Chile calcula que las iniciativas que podrían beneficiarse del marco representan más de US$20.700 millones en inversiones potenciales y podrían aportar alrededor de 540.000 toneladas de cobre por año. Entre los proyectos bajo análisis aparecen Vicuña, operado por Lundin Mining y BHP; El Pachón, de Glencore; y Los Azules, de McEwen Copper.
Las cifras, sin embargo, no representan inversiones ya comprometidas ni producción aprobada. Son una estimación de la escala de los desarrollos que eventualmente podrían utilizar las herramientas del tratado.
El acuerdo fue firmado en 1997 y aprobado en Argentina mediante la Ley 25.243. Su diseño permite facilitar actividades mineras en zonas fronterizas y contempla aspectos como el tránsito de equipos, servicios y personal, además de mecanismos específicos para proyectos que necesiten operar a ambos lados de la frontera.
Puertos, caminos y servicios: dónde está el negocio
La ventaja potencial no consiste necesariamente en desarrollar minas binacionales. Para varios proyectos argentinos, el mayor valor podría surgir de acceder a caminos, proveedores especializados, infraestructura energética o portuaria chilena sin tener que duplicar instalaciones de gran escala.
Esto es particularmente relevante en la minería de cobre, donde una parte importante de la inversión inicial no está solamente dentro de la mina. Plantas, líneas eléctricas, caminos de alta montaña, sistemas de agua, concentraductos y corredores de exportación pueden representar miles de millones de dólares adicionales antes de producir la primera tonelada.
Los proyectos, de todas formas, mantienen estrategias diferentes. Los Azules, ubicado en San Juan a unos seis kilómetros de la frontera, señaló que actualmente no contempla utilizar agua desalinizada ni exportar por puertos chilenos, aunque manifestó interés en las discusiones por su proximidad geográfica.
Vicuña, en cambio, ha planteado el uso de agua desalinizada proveniente del Pacífico, aunque todavía no definió públicamente si recurrirá a infraestructura chilena existente.
El tratado todavía necesita bajar a proyectos concretos
La revisión bilateral abre una posibilidad relevante para una Argentina que busca volver a producir cobre a gran escala después del cierre de Alumbrera en 2018. Pero el impacto económico dependerá menos de la existencia formal del tratado que de su implementación práctica.
Por ahora no existe un cronograma definitivo. La señal más importante llegará cuando Argentina y Chile acuerden protocolos operativos para proyectos específicos y las compañías puedan incorporar esas alternativas a sus diseños de ingeniería y modelos financieros. Recién entonces podrá medirse cuánto de la infraestructura chilena puede convertirse efectivamente en una ventaja competitiva para el cobre argentino.
