El gobierno colombiano volvió a poner al proyecto minero Cerrejón en el centro de su agenda energética. La administración de Gustavo Petro le exige a Glencore que comience a planificar un futuro sin carbón para una de los open pit más grandes del mundo.
La discusión no es menor. La concesión del complejo se extiende hasta 2034, pero las autoridades advierten que esperar hasta el final podría dejar a La Guajira frente a una crisis social y económica.
El problema es que la transición energética no se resuelve con presión política. Requiere inversión, industrias de reemplazo, empleo alternativo, infraestructura y financiamiento sostenido. Sin una correcta gestión de esas dimensiones, el cierre podría transformarse en un golpe directo sobre una región dependiente del carbón.
Una economía atada al carbón
Cerrejón produjo 16,8 millones de toneladas de carbón en 2025. La cifra marca una caída frente a los 19,2 millones de toneladas del año anterior, según la consultora GEM.
Aun en retroceso, la operación sigue siendo central para La Guajira. El complejo sostiene más de 12.000 empleos directos y de contratistas. Además, cuenta con un ferrocarril de 150 kilómetros y un puerto de exportación sobre el Caribe.
No se trata solo de una mina. Es una estructura productiva completa, con proveedores, municipios, trabajadores, regalías, programas ambientales y actividad logística asociada.
Por eso, una salida mal diseñada podría tener costos mayores que los beneficios anunciados. La transición puede reducir impactos ambientales, pero también puede destruir ingresos locales si se ejecuta sin reemplazos reales.
Mapa de la región productiva de la Guajira.
El riesgo de una transición improvisada
La discusión de fondo no es entre carbón o ambiente. Es entre una transición gestionada y un choque descontrolado.
Juan Ignacio Guzmán, director de GEM, advirtió que una intervención política abrupta podría desestabilizar presupuestos municipales y programas comunitarios. El riesgo aumenta si no existen industrias sustitutas ni salvaguardas sociales.
La experiencia internacional muestra que los cierres mineros conflictivos suelen dejar pasivos ambientales, estrés fiscal y deterioro social. Cuando la política acelera procesos sin preparación técnica, los costos aparecen después.
En La Guajira, ese riesgo es especialmente sensible. La región ya arrastra tensiones históricas por agua, pobreza, infraestructura limitada y conflictos con comunidades indígenas Wayuu.
Cerrejón también enfrenta críticas por uso de agua, polvo de carbón y desplazamiento de comunidades. Pero cerrar sin una estrategia sólida no resuelve automáticamente esos problemas. Puede sumar desempleo, caída fiscal y abandono territorial.
El punto débil del plan colombiano
El gobierno de Petro impulsa una agenda de descarbonización ambiciosa. También prohibió nuevos contratos de exploración de carbón e hidrocarburos y promueve inversiones eólicas y solares en La Guajira.
La región tiene enorme potencial renovable. Pero el potencial no reemplaza, por sí solo, una economía operativa.
Los parques solares y eólicos requieren permisos, redes, financiamiento, aceptación social y tiempos de construcción. También generan una estructura laboral distinta a la minería, con menos empleo permanente en operación.
Ese es el punto incómodo para Colombia. La transición energética puede ser necesaria, pero su mala implementación puede castigar primero a las comunidades que dice proteger.
Un pacto antes que un salto al vacío
GEM recomendó avanzar hacia un pacto de transición gestionada entre el gobierno colombiano, Glencore, Cerrejón y las comunidades locales.
Ese acuerdo debería incluir fondos de transición, capacitación laboral, reconversión de proveedores y planificación fiscal. También debería ordenar el cierre progresivo con criterios técnicos, ambientales y sociales.
La presión sobre Glencore parece buscar algo más que un cierre inmediato. Busca convertir a Cerrejón en símbolo del abandono gradual del carbón en Colombia.
Pero el símbolo no alcanza. Si el gobierno colombiano quiere demostrar que puede liderar una transición energética seria, Cerrejón será su prueba más difícil.
Porque cerrar una mina es fácil en un discurso. Lo difícil es reemplazar empleo, ingresos, infraestructura y actividad económica sin romper el territorio en el intento.
