El Gobierno nacional introdujo una modificación relevante en el régimen de inversiones para la actividad minera, que permanecía prácticamente sin cambios desde hace 30 años. La actualización fue oficializada a través del Decreto 482/2026 y apunta a desregular procesos, modernizar la normativa y adecuarla a las nuevas condiciones tecnológicas y productivas del sector.

Actualización del régimen de inversiones mineras

Publicado en el Boletín Oficial, el decreto sustituye el anexo del histórico Decreto 2686 de 1993. La medida se integra a otras reformas impulsadas por la actual gestión, entre ellas el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el Decreto 449/2025, que ya había introducido modificaciones en la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196.

Cambios clave en la normativa minera

Entre los principales puntos, la nueva reglamentación redefine las condiciones aplicables a inscriptos y prestadores de servicios mineros. Establece requisitos más específicos y exige que una proporción mínima de la facturación esté vinculada directamente con la actividad minera.

A la vez, incorpora un procedimiento más estricto para el control de infracciones, que contempla la suspensión de beneficios arancelarios frente a incumplimientos. Todos los inscriptos deberán además constituir un domicilio legal electrónico obligatorio, con el objetivo de agilizar las comunicaciones y la gestión administrativa.

Integración regional y estabilidad fiscal

El régimen amplía a 500 kilómetros el límite de integración regional. La modificación busca favorecer una mayor articulación de la cadena de producción y mejorar la competitividad de las economías regionales vinculadas a la minería.

También se perfecciona el procedimiento para acceder al certificado de estabilidad fiscal por 30 años. Los beneficiarios contarán con mayores herramientas para reclamar por vía legal ante eventuales cambios que afecten esa estabilidad.

Trámites, importaciones y ambiente

El decreto simplifica el mecanismo de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante la etapa exploratoria, mediante una reducción de la documentación requerida. Asimismo, elimina el esquema previo de autorizaciones para importaciones y habilita un ingreso más ágil de insumos a través de declaraciones juradas.

Por último, la norma busca armonizar la Ley de Inversiones Mineras con la Ley General del Ambiente. En ese marco, establece que la acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) podrá cumplir los requisitos vinculados a la remediación de alteraciones ambientales.