El RIGI, un grupo de proveedores locales de la industria minera en Mendoza, se enfrenta a una nueva jornada que busca generar confianza en un contexto complicado.

Las empresas mineras que han apostado durante años por una provincia blindada por la ley 7722, que ahora presenta un enfoque más flexible, observan con preocupación el panorama actual. Desde su implementación, se percibe que San Juan ha sido la principal beneficiada, mientras que Mendoza solo cuenta con un proyecto activo, el PSJ. En el marco de la Jornada Minera celebrada en San Juan, se enfatizó que la prevención en higiene, seguridad y medio ambiente es esencial para atraer inversiones extranjeras.

Con esta premisa, las grandes compañías internacionales buscan evitar accidentes que puedan llevar a la fuga de empresas hacia el NOA, lo que impacta negativamente en el crecimiento y desarrollo de las PYMEs y proveedores locales. Estos últimos, agrupados en la Cámara de Proveedores Mineros, se encuentran en una situación crítica, con largas filas de personas en busca de empleo y empresarios desesperados que claman por asistencia y orientación.

La autonomía provincial se ha convertido en un tema candente en la legislatura, mientras que cuestiones como la reducción de accidentes, la remediación y el tratamiento de pasivos ambientales parecen haber quedado relegadas. La falta de regulación en cuanto a la proporción de insumos y mano de obra nacional podría debilitar la capacidad de las PYMEs y proveedores locales para competir en igualdad de condiciones en el sector minero.

Es imperativo establecer un marco regulatorio equilibrado que salvaguarde los intereses de los actores locales y fomente un desarrollo sostenible en la industria minera. Se requiere la creación de una legislación de inversión nacional que asegure que las empresas locales obtengan una parte justa de los contratos y oportunidades de negocio en el sector, fortaleciendo así el tejido empresarial interno y generando empleo en las 17 provincias con potencial minero.

Al priorizar a los proveedores locales, se fomenta la creación de cadenas de suministro regionales robustas y se generan ingresos que contribuyen al crecimiento de las comunidades cercanas. Esto puede lograrse mediante un acceso más fácil a financiamiento, capacitación y asistencia técnica, así como garantizando transparencia en los procesos de contratación y estableciendo reglas claras.

Además, resulta crucial estimular la innovación y la tecnología, proteger los derechos laborales y ambientales, y asegurar la participación en la toma de decisiones. Estos son algunos de los programas de apoyo necesarios para fortalecer la capacidad competitiva de las PYMEs y contribuir al crecimiento económico y social de nuestras comunidades mineras.

En cuanto a los aspectos tributarios, el RIGI presenta ciertas ventajas. Por ejemplo, la tasa máxima de impuestos a las ganancias para las empresas bajo este régimen se establece en un 25% durante 30 años, mientras que las PYMEs enfrentan una tasa del 35%. Esto implica que las empresas que generan empleo y contribuyen al crecimiento del país pueden verse gravadas con una tasa impositiva más alta.

Las empresas bajo el RIGI también disfrutan de amortización acelerada de activos, lo que les permite reducir impuestos más rápidamente en comparación con las PYMEs, que no cuentan con este beneficio. Además, el RIGI facilita la evasión fiscal de grandes grupos, limitando a las PYMEs con restricciones en la deducción de intereses.

El tratamiento desigual en el cómputo de quebrantos es otra desventaja para las PYMEs, ya que mientras las grandes empresas pueden utilizar sus pérdidas sin límites temporales, las PYMEs solo pueden hacerlo por un máximo de cinco años. Además, las empresas bajo el RIGI pueden transferir sus quebrantos a otras entidades, una opción no disponible para las PYMEs.

La legislación también permite ajustes por inflación exclusivos para grandes inversiones, lo que beneficia a estas empresas en detrimento de las PYMEs. En última instancia, el régimen favorece a los inversores del RIGI, perjudicando a las pequeñas y medianas empresas.

En lo que respecta a la distribución de utilidades, la tasa del impuesto a los dividendos bajo el RIGI se reduce del 7% al 3.5%, mientras que las PYMEs deben pagar 35%, lo que genera una desigualdad fiscal de 28.5%.

Las empresas bajo el RIGI están exentas del impuesto a las ganancias por pagos a proveedores extranjeros, mientras que las locales deben abonar 31.5%. Esto facilita la distribución de dividendos al 0% mediante esta práctica.

Los incentivos tributarios bajo el RIGI no generarán una transferencia a los fiscos locales o extranjeros, lo que contraviene el principio constitucional de igualdad y equidad tributaria. Además, las empresas bajo el RIGI no están sujetas a las limitaciones de reorganización que afectan a otras sociedades, lo que les permite realizar cambios estructurales sin cumplir con los requisitos establecidos para las demás empresas.

El impacto en el IVA también es significativo, ya que los inversores pueden pagar el IVA de sus compras o importaciones con certificados de crédito fiscal, mientras que la clase trabajadora enfrenta una carga del 21% sin beneficios de devolución. Esto crea una transferencia de recursos de la clase trabajadora aliviando la carga del sector RIGI.

En cuanto al impuesto al cheque, las empresas bajo el RIGI pueden deducir el 100% de este impuesto en sus ganancias, mientras que las PYMEs no disfrutan de este beneficio. Las importaciones de bienes bajo el RIGI estarán exentas de varios tributos, lo que representa una desigualdad significativa frente a las PYMEs que deben pagar estos tributos al importar.

La inconstitucionalidad del proyecto RIGI se manifiesta en la interferencia en las jurisdicciones locales, lo que afecta negativamente la recaudación tributaria de las provincias y municipios. La posibilidad de repatriar capitales sin investigación plantea serias dudas sobre el origen de los fondos, permitiendo la entrada de capitales provenientes de actividades ilícitas.

En resumen, el RIGI presenta un marco que favorece a grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas, lo que genera un contexto de desigualdad y preocupación en el sector minero de Mendoza.