La Justicia de San Juan dio luz verde este martes para la continuidad del megaproyecto minero Vicuña, que se centra en la extracción de cobre y oro y requiere una inversión de 18.000 millones de dólares. Este proyecto está siendo operado por las empresas BHP y Lundin Mining.

La decisión judicial surge como respuesta a una medida cautelar presentada por las firmas ante un conflicto con la provincia de La Rioja, que había establecido restricciones sobre el tránsito en una ruta provincial esencial para el desarrollo del proyecto. La Rioja notificó la imposición de estas restricciones, lo que comprometió la capacidad operativa de Vicuña.

Ante esta situación, el equipo legal de las empresas optó por acudir a la Justicia de San Juan, solicitando una medida preventiva que garantizara la continuidad de las actividades mineras. El fallo del juzgado de primera instancia fue favorable, asegurando que solo las autoridades de San Juan poseen la facultad para suspender o bloquear las operaciones, dado que la habilitación minera otorgada por el Ministerio de Minería de San Juan sigue vigente.

El megaproyecto Vicuña, que incluye tanto la extracción de cobre como de oro, se considera uno de los desarrollos mineros más significativos a nivel mundial, no solo por su magnitud, sino también por el impacto económico que tendrá en la región. La inversión de 18.000 millones de dólares lo convierte en un eje fundamental de la industria minera global.

En términos de empleo, se proyecta que durante la fase de construcción se generen hasta 6.000 puestos de trabajo, con un promedio de 4.000 empleos durante el pico de actividad. En la fase de operación, se estima que la mina creará alrededor de 800 empleos directos especializados. Además, el proyecto impulsará una amplia red de proveedores y servicios asociados, lo que potenciará el empleo indirecto y la economía local.

Más allá de sus beneficios laborales, el megaproyecto Vicuña tiene el potencial de transformar la matriz productiva de la región, incrementando notablemente la exportación de minerales y recursos energéticos. Sin embargo, el control de los accesos y la distribución de recursos ha generado tensiones entre las provincias involucradas, especialmente en lo que respecta a la gestión de los recursos estratégicos que este emprendimiento implica.

La resolución judicial destaca la necesidad de asegurar la estabilidad operativa del proyecto, en un contexto donde la demanda de minerales en los mercados internacionales sigue en aumento. Las autoridades de San Juan se mantienen firmes en su apoyo al emprendimiento, afirmando que Vicuña se desarrollará dentro del marco legal provincial, tal como establece la habilitación vigente.

La medida cautelar garantiza que el acceso al proyecto no podrá ser bloqueado por ninguna autoridad ajena a San Juan, a menos que exista una resolución judicial posterior que revoque la habilitación.