El Senado aprobó por 60 votos a favor y dos en contra el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una propuesta con un piso general de USD 12 millones que podría facilitar inversiones de empresas proveedoras de la minería. La iniciativa fue girada a Diputados: los beneficios todavía no están vigentes.
El régimen apunta a una escala de inversión que queda por debajo de los grandes desarrollos promovidos por el RIGI. Para la cadena minera, podría ofrecer una herramienta para incorporar maquinaria y ampliar plantas antes de asumir contratos de mayor volumen.
Qué beneficios propone el RIIR
El proyecto contempla amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, devolución anticipada de créditos fiscales de IVA y estabilidad tributaria durante 30 años para los beneficios reconocidos.
La amortización acelerada permite adelantar la deducción fiscal de las inversiones, mientras que la devolución del IVA reduce la espera para recuperar créditos generados por esas compras. Ambas herramientas pueden mejorar el flujo de fondos durante la expansión productiva.
Entre las inversiones alcanzadas figuran bienes muebles nuevos amortizables, excepto automóviles, y obras vinculadas con las actividades contempladas. Quedan excluidos los activos financieros, las inversiones de cartera y los bienes de cambio. Una misma inversión no podría acumular los beneficios del RIIR y del RIGI.
Una oportunidad para la industria proveedora
El desarrollo minero exige capacidad de abastecimiento en estructuras metálicas, componentes electromecánicos, bombeo y equipamiento industrial. Para competir por esos contratos, los fabricantes necesitan invertir y cumplir estándares de calidad, seguridad y entrega.
Desde una perspectiva de negocios, el incentivo podría ayudar a anticipar esa ampliación de capacidad. Su impacto dependerá de que las empresas también consigan financiamiento y una demanda que justifique las inversiones.
El texto incorpora un compromiso de contratación de proveedores nacionales por al menos el 20% del monto destinado al pago de proveedores de bienes transables, condicionado a que exista oferta local en condiciones de mercado. Ese porcentaje no se aplica sobre la inversión total ni establece una preferencia automática por empresas de la provincia minera.
El desafío de llegar a los proveedores más chicos
El umbral de USD 12 millones restringe el acceso directo de buena parte de las pequeñas firmas. Para ellas, la oportunidad podría aparecer indirectamente, mediante subcontratos y pedidos de empresas industriales que amplíen su capacidad.
Si obtiene sanción definitiva, el RIIR podría contribuir a que una mayor parte de la demanda minera se traduzca en producción nacional. El resultado dependerá de combinar incentivos fiscales con crédito, productividad y cumplimiento de los requisitos de las operadoras.
