La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) avanzó con la no renovación de 61 contratos a plazo fijo correspondientes a personal incorporado durante 2023. Según la información difundida por el organismo, la medida no alcanza a la planta permanente ni a ingenieros nucleares o personal técnico especializado.

Las desvinculaciones se c

oncentran en funciones de asistencia y administración. Del total informado, 42 personas contarían con nivel educativo primario o secundario, mientras que los contratos habían sido incorporados durante la presidencia de Adriana Serquis, en el último tramo previo a las elecciones presidenciales de 2023.

Un alcance acotado sobre la estructura total

La medida representa una proporción limitada dentro de la estructura de la CNEA. Con una dotación cercana a los 3.580 empleados, las 61 no renovaciones equivalen a alrededor del 1,7% del total de personal.

El dato permite dimensionar el alcance de la revisión: no se trata de un ajuste sobre las capacidades centrales del sistema nuclear, sino de una reorganización focalizada sobre contratos temporarios y funciones no especializadas. La política apunta a sostener el equilibrio fiscal sin comprometer áreas vinculadas a investigación, seguridad radiológica, ingeniería, operación de instalaciones y desarrollo tecnológico.

Menos estructura, más capacidades críticas

El caso se inscribe en la política nacional de revisión de dotaciones y estructuras administrativas. En un organismo estratégico como la CNEA, la prioridad pasa por preservar los recursos humanos que sostienen capacidades científicas, tecnológicas y operativas que no pueden ser reemplazadas con facilidad.

La eficiencia fiscal, bajo este criterio, no implica desarmar el sector nuclear, sino concentrar recursos en los puestos que permiten mantener y ampliar sus capacidades críticas.

La protesta de ATE

La decisión derivó en una protesta impulsada por ATE en la sede de la CNEA, en Núñez. El gremio cuestionó las desvinculaciones y denunció un alcance mayor al informado oficialmente.

Durante la jornada, ATE intentó tomar el edificio, pero la custodia de Gendarmería impidió que la ocupación se consolidara. La presencia de efectivos y refuerzos respondió al carácter estratégico de la institución y a los incidentes registrados durante la protesta.

La discusión vuelve a poner sobre la mesa un desafío central para la administración pública: revisar contratos y funciones no esenciales, sin afectar el conocimiento técnico y científico que sostiene sectores estratégicos para el país.