Italia vuelve a mirar hacia la energía nuclear después de casi cuatro décadas de prohibición. El gobierno de Giorgia Meloni prepara una ley marco y una serie de decretos para habilitar el desarrollo de pequeños reactores modulares, conocidos como SMR, con el objetivo de reforzar la seguridad energética, reducir costos eléctricos y mejorar la competitividad industrial.
La iniciativa apunta a un problema estructural: Italia depende fuertemente de la energía importada. Parte de su electricidad proviene de Francia, donde la generación nuclear ocupa un rol central, mientras que el país también mantiene una alta exposición al gas natural importado. La crisis energética posterior a la guerra en Ucrania aceleró el debate y abrió una ventana política para discutir nuevamente una tecnología que durante décadas fue prácticamente tabú.
Los fantasmas de 1987 y 2011
El principal obstáculo para el plan de Meloni no es solo técnico o económico, sino histórico. En 1987, un año después del accidente de Chernobyl, los italianos votaron en un referéndum abrogativo y decidieron cerrar las cuatro centrales nucleares existentes y frenar la construcción de nuevas plantas.
El rechazo volvió a repetirse en 2011, después del desastre de Fukushima. El gobierno de Silvio Berlusconi intentó relanzar el programa nuclear, pero la consulta popular terminó con una derrota contundente: el 94 % de los votantes se opuso al regreso de la energía atómica.
Desde entonces, la nuclear en Italia quedó asociada a una carga emocional muy fuerte. Aunque Meloni puede avanzar inicialmente por vía parlamentaria, el riesgo de un nuevo referéndum aparece como una amenaza concreta cuando lleguen las decisiones más sensibles: ubicación de plantas, contratos con empresas tecnológicas y obras específicas.
Una opinión pública más abierta, pero todavía frágil
El escenario social, sin embargo, no es el mismo que en 2011. Según encuestas recientes, el apoyo a la construcción de nuevas plantas nucleares creció y alcanza niveles inéditos en décadas. Los sectores más favorables son los jóvenes y el mundo empresario, que ven en la nuclear una fuente estable, baja en emisiones y útil para acompañar la transición energética.
Pero el respaldo todavía es volátil. Una parte importante de la población se considera poco informada sobre los riesgos y las nuevas tecnologías nucleares. Ese dato es clave: cualquier accidente internacional, campaña ambientalista o conflicto territorial podría modificar rápidamente el clima de opinión.
SMR, costos y falta de industria propia
El gobierno italiano apuesta especialmente por los reactores modulares pequeños. Esta tecnología promete unidades más compactas, seguras y potencialmente más rápidas de construir que las centrales tradicionales. Sin embargo, los SMR todavía no tienen una adopción comercial masiva a escala global.
Ese punto abre uno de los principales interrogantes del plan. Italia no cuenta hoy con una industria nuclear activa, cadena de suministro especializada ni personal técnico formado en escala suficiente. Después de décadas fuera del sector, el país debería reconstruir capacidades prácticamente desde cero.
A eso se suma el problema de los plazos. Mientras algunos funcionarios hablan de horizontes de seis o siete años, estimaciones más prudentes ubican la primera nueva planta nuclear italiana recién hacia 2038 o 2040.
El factor territorial
Otro frente sensible será la localización de las plantas. Aunque el gobierno pueda ofrecer compensaciones económicas a municipios y regiones, la resistencia local puede convertirse en un problema político mayor. El clásico fenómeno NIMBY —“no en mi patio trasero”— aparece como una barrera probable en cuanto el debate pase de la estrategia nacional a los mapas concretos.
Europa avanza, Italia duda
El contexto europeo juega a favor de Meloni. Francia, Finlandia, Suecia, Reino Unido y Bélgica mantienen o expanden sus programas nucleares, mientras la Unión Europea ya incorporó a la energía nuclear dentro de las tecnologías compatibles con la transición climática.
Italia, en cambio, intenta volver al juego desde una posición mucho más compleja: sin centrales activas, sin industria consolidada y con una sociedad atravesada por dos plebiscitos antinucleares. La apuesta de Meloni busca resolver una necesidad real de seguridad energética, pero el camino estará condicionado por la memoria política, el costo económico y la capacidad de convencer a una opinión pública todavía dividida.
