Se inicia la competencia por la privatización de las hidroeléctricas del Comahue, marcando un hito en el sector energético argentino. Esta semana, la primera gran licitación energética bajo la administración de Javier Milei generó un intenso enfrentamiento entre nueve grupos empresariales, tanto nacionales como internacionales, que buscan hacerse con las concesiones de las cuatro centrales hidroeléctricas: El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

El proceso licitatorio comenzó con la apertura de los sobres técnicos, permitiendo a los oferentes evaluar e impugnar las propuestas de sus competidores. Una vez concluida esta etapa, la comisión evaluadora tendrá un plazo de 15 días para decidir quiénes avanzarán a la siguiente fase, que consiste en la apertura de las ofertas económicas. Se anticipa que los ganadores serán aquellos que presenten las ofertas más altas en dólares por cada central en disputa.

La relevancia de esta licitación no solo radica en el volumen de inversión que se estima en hasta 700 millones de dólares, sino también en la transferencia de activos estratégicos que son cruciales para el sistema interconectado. Esta competencia, que comenzó el viernes, enfrenta a operadores actuales con nuevos jugadores que buscan redefinir el control de activos clave por un periodo de 30 años.

Con el telón de fondo de la nueva política de desregulación y privatización impulsada por el gobierno nacional, se formalizó el interés de nueve grupos empresariales. La lista incluye a operadores actuales que buscan asegurar su continuidad y a seis nuevos actores que desean expandir su presencia en el sector hidroeléctrico. Las cuatro usinas en cuestión representan aproximadamente el 7,2% de la generación eléctrica nacional y alrededor del 30% de la energía hidráulica del país. Además, se trata de energía de bajo costo operativo, esencial para equilibrar la matriz energética, aunque esta característica podría cambiar con la nueva libertad de comercialización que permitirán los nuevos contratos.

Entre los actuales concesionarios, se encuentran Enel, accionista de El Chocón y controlador de Edesur; AES, operadora de Alicurá con un amplio portafolio de generación; y Central Puerto, que opera Piedra del Águila y es el principal generador eléctrico del país. Entre los nuevos interesados, destacan empresas con sólida solvencia financiera y estratégica. Pampa Energía, liderada por Marcelo Mindlin, busca fortalecer su presencia en el sector. El holding Edison Energía, dirigido por los hermanos Juan y Patricio Neuss, se presentó como Poseidón, tras una agresiva expansión que incluyó la adquisición de distribuidoras en Tucumán y Jujuy, así como el complejo hidroeléctrico Potrerillos.

La unión entre Aluar, del grupo Madanes Quintanilla, operadora de la central de Futaleufú, y Genneia, principal generadora de energías renovables con participación del banquero Jorge Brito, también se sumó a la competencia. Otra oferta notable provino de MSU Green Energy, de Manuel Santos Uribelarrea, que ingresó a través de BML Inversora tras la reciente adquisición de Cerros Colorados a Aconcagua Energía Generación, lo que le otorgó la licencia técnica necesaria. Central Costanera, vinculada a Central Puerto, también presentó una oferta, aunque carece de licencia específica para operar represas. Además, una sociedad inversora con capitales guatemaltecos se unió mediante una alianza con una constructora local, aunque podría enfrentar dificultades técnicas por falta de experiencia comprobable.

El gobierno estableció un esquema enfocado en la participación privada y la capacidad de inversión. Los pliegos exigen activos superiores a 300 millones de dólares y un patrimonio neto mayor a 150 millones de dólares para poder competir. La licitación se organizó como un concurso público nacional e internacional sin base, utilizando el sistema de doble sobre: antecedentes técnicos y patrimoniales por un lado, y valor económico por otro. Se crearon cuatro sociedades anónimas, una por cada central, para facilitar la transferencia accionaria.

Para evitar la concentración de poder, se dispuso que ningún oferente puede superar el 20% de la generación eléctrica nacional (43.555 MW). Cada grupo podrá adjudicarse un máximo de dos centrales y deberá incluir un operador técnico con al menos el 25% de participación. La administración nacional prohibió la participación de empresas estatales, tanto locales como extranjeras, y eliminó el Programa de Propiedad Participada (PPP) para empleados, que era habitual en privatizaciones anteriores.

En cuanto a la comercialización, durante los primeros dos años, las centrales deberán vender el 95% de su energía a distribuidoras a un precio fijo en dólares, mientras que el 5% restante podrá destinarse al mercado libre. A partir del tercer año, el porcentaje regulado se reducirá de manera progresiva hasta su eliminación total en 2046, liberando completamente la energía al mercado mayorista.