En un contexto de creciente tensión por el acceso a infraestructura energética vital, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) decidió abrir a consulta pública el expediente relacionado con el proyecto de línea eléctrica promovido por Vicuña Corp en la provincia de San Juan. Además, se convocará a una audiencia pública para discutir las objeciones que han surgido.

Esta medida surge tras diversas críticas formales presentadas por el gobierno provincial a través del EPRE San Juan, así como por municipios como Jáchal e Iglesia, y otras empresas del sector minero que también buscan acceder a la capacidad eléctrica disponible. El ENRE ha establecido que cualquier interesado podrá acceder “de forma plena e irrestricta” a toda la documentación del expediente, sin necesidad de realizar trámites previos, buscando así garantizar la transparencia en un proceso que ya ha generado un notable interés y controversia en la región.

El proyecto de Vicuña Corp contempla una demanda inicial de 260 megavatios, destinada a abastecer los importantes proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol, los cuales son considerados dos de las iniciativas de cobre más relevantes en Argentina. Para llevar a cabo este suministro, el plan incluye un ambicioso esquema de obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico. Entre las obras propuestas se encuentran nuevas instalaciones en estaciones transformadoras, ampliaciones en nodos estratégicos y la construcción de una línea de extra alta tensión que abarcará aproximadamente 167 kilómetros.

El desarrollo del proyecto también prevé la incorporación de equipamiento de alta capacidad y tecnología avanzada, con el objetivo de asegurar la estabilidad del sistema y responder al crecimiento de la demanda energética asociada a la actividad minera. Sin embargo, el avance del proyecto ha encontrado resistencia en diversos sectores. La provincia de San Juan ha cuestionado el procedimiento inicial y ha exigido la realización de una audiencia pública, además de solicitar una mayor coordinación con las autoridades locales.

A estas objeciones se sumaron las inquietudes de otras empresas mineras, que advierten sobre el riesgo de concentración en el uso de la infraestructura eléctrica disponible, en un contexto donde múltiples proyectos buscan avanzar simultáneamente. Ante esta situación, el ENRE ha reconocido formalmente la existencia de oposiciones y ha considerado necesario abrir un espacio de participación para que todas las partes puedan presentar sus argumentos.

En la resolución publicada en el Boletín Oficial, el ENRE subrayó la importancia de garantizar el acceso a la información como condición fundamental para un debate informado. El organismo argumentó que la apertura del expediente permitirá “optimizar los tiempos del proceso” y asegurar que los actores involucrados cuenten con la información necesaria para formular observaciones o impugnaciones. Una vez concluido el período de consulta, se convocará formalmente a una audiencia pública, donde se espera que se expongan las diferentes posiciones sobre un proyecto considerado estratégico para el desarrollo minero, pero también sensible por su impacto en la infraestructura energética regional.

La disputa por la línea eléctrica de Vicuña refleja un problema más amplio: la creciente presión sobre la infraestructura energética en zonas con alto potencial minero. En provincias como San Juan, donde se proyecta un fuerte crecimiento de la actividad, el acceso a energía se ha convertido en un factor crítico para viabilizar inversiones. Este caso pone de manifiesto la necesidad de planificación, coordinación entre distintos niveles de gobierno y reglas claras para la asignación de recursos estratégicos, en un escenario donde la competencia entre proyectos es cada vez más intensa.

La audiencia pública, ahora confirmada, se presenta como un paso clave para definir el futuro de la iniciativa y podría establecer un precedente para otros desarrollos en el sector.