El Gobierno de la Nación ha puesto en marcha un ambicioso Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que incluye la aprobación de tres obras clave a ser financiadas completamente por el sector privado. Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la Resolución 311/2025, busca abordar los cuellos de botella existentes y satisfacer la creciente demanda eléctrica en regiones críticas del país.

Las primeras obras que serán licitadas son de vital importancia para el sistema eléctrico nacional. La primera de ellas es AMBA I, que fortalecerá el abastecimiento eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra un 40% del consumo nacional. La segunda obra, la Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, se considera un corredor esencial para la evacuación de energía tanto renovable como convencional en la región de Cuyo y parte del Comahue. Por último, la Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca mejorará la integración eléctrica entre la Patagonia y el sistema troncal del país.

Estas intervenciones son parte de un paquete de 16 proyectos prioritarios, definidos en el marco de la Resolución 715/2025, que se enmarca dentro del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024–2026. El objetivo principal es resolver las deficiencias estructurales del sistema eléctrico, como los cuellos de botella que generan interrupciones en el servicio y altos costos por generación forzada.

La planificación técnica de este ambicioso proyecto fue elaborada por la Secretaría de Energía, en colaboración con organismos clave como CAMMESA, ATEERA y el Consejo Federal de la Energía Eléctrica. Estos organismos identificaron las regiones con mayor demanda que no cuentan con la infraestructura adecuada para satisfacerla.

A diferencia de modelos anteriores, el nuevo esquema de concesión transfiere la totalidad de la inversión, construcción, operación y mantenimiento al sector privado, evitando así comprometer recursos públicos. Este enfoque representa un cambio estructural en la estrategia energética nacional, buscando mayor eficiencia, reducción del gasto estatal y fomento de la participación privada en obras de infraestructura crítica.

Finalmente, la Secretaría de Energía comunicó que se definirá la secuencia y el momento de los llamados a licitación, con el fin de avanzar de manera sostenida en la transformación del sistema de transporte eléctrico del país.