El Gobierno nacional presentó un proyecto de consenso para modificar la Ley de Biocombustibles, buscando implementar cortes graduales y una transición hacia un mercado libre. Esta iniciativa propone aumentar el corte de etanol al 15% y el de biodiésel al 10% a partir de 2027, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

Durante una exposición en la Comisión Plenaria de Minería, Energía y Combustibles del Senado, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, destacó que la normativa actual está “completamente agotada”. La propuesta surge en un contexto de intensas discusiones legislativas, buscando incluir a todos los actores de la cadena de valor, desde productores hasta provincias.

Veller enfatizó que, aunque es un desafío encontrar un acuerdo que satisfaga a todos, el Gobierno se ha mantenido en contacto con los diferentes sectores involucrados, especialmente con la Liga Bioenergética. La meta es lograr una ley que ofrezca “certidumbre, crecimiento y evolución” a la industria de biocombustibles.

Uno de los puntos críticos que Veller identificó en los proyectos existentes es la falta de consenso. Algunos proponen un aumento de corte de hasta 18%, lo que podría encarecer el biocombustible hasta 2,2 veces más que su alternativa fósil. “Si se lleva al 18%, el biodiésel podría aumentar hasta un 10% en el precio del surtidor de forma inmediata, impactando en la logística y en toda la economía”, advirtió.

La propuesta oficial se articula en torno a una transición gradual, con un enfoque en el equilibrio fiscal y una adecuación progresiva del mercado. El plan abarca más de una década, comenzando con cortes obligatorios que se irán incrementando desde 2027. El bioetanol en naftas pasaría del actual 12% al 15%, y el biodiésel en gasoil del 7,5% al 10%.

Veller justificó este cronograma, afirmando que “la piedra angular de esta administración es el equilibrio fiscal”. A partir de 2032, se prevé una comercialización libre de biocombustibles, con una reducción gradual de los cupos de producción.

Además, el Poder Ejecutivo propone licitaciones públicas para la determinación de precios, gestionadas por una entidad independiente, eliminando la intervención estatal. Se busca que el precio máximo se base en la paridad de importación, con la expectativa de que, con el crecimiento del mercado libre, se logre un equilibrio con la paridad de exportación.

El proyecto también permite el co-procesamiento de materia prima no fósil en refinerías a partir de 2027, con un aumento gradual hasta alcanzar el 3% en 2031. Para proteger a las pymes del sector, se considerará la opción de aplicar incrementos voluntarios de corte en jurisdicciones que lo consideren estratégico, tomando como referencia experiencias de Estados Unidos.

Las declaraciones de Veller se realizaron en el marco de reuniones de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda del Senado, que analizan proyectos de senadoras como Alejandra Vigo y Beatriz Ávila. Desde la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Fernando Rodríguez Canedo expresó su rechazo a los proyectos existentes, argumentando que son perjudiciales para el sector y generan un alto nivel de incertidumbre.

Por su parte, Federico Martelli advirtió que el proyecto sobre biodiésel podría concentrar la producción en Santa Fe, afectando a otras provincias productoras. En cambio, Jorge Feijoo y Pamela Vacca manifestaron su apoyo a la propuesta, argumentando que es necesaria una actualización normativa.

El senador Ezequiel Atauche concluyó que existe una “voluntad generalizada” por avanzar hacia un único dictamen y solicitó al Gobierno que presente su propuesta al Senado para elaborar un texto unificado. La próxima reunión para continuar el debate se programó para dentro de dos semanas.