El Gobierno Nacional aceleró su plan de desinversión en activos estratégicos al autorizar, mediante el Decreto 564/2025, la venta de las acciones que Enarsa posee en cuatro represas esenciales del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Aunque el Ejecutivo elude utilizar el término 'privatización', el proceso de reconcesión implica ceder el control operativo a manos privadas por un período de 30 años, lo que reabre un intenso debate sobre la soberanía energética del país.

La información fue confirmada por el viceministro de Economía, Daniel González, quien destacó que la licitación se llevará a cabo tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de concretarse dentro de los próximos 60 días. Según lo estipulado en el decreto, las concesionarias actuales podrán continuar operando los complejos hidroeléctricos hasta fin de año o hasta que se definan los nuevos adjudicatarios, aunque deberán cumplir con condiciones estrictas, como una garantía de cumplimiento de U$S 4,5 millones y la aceptación de cambios en el esquema remuneratorio.

Este proceso no establece una base mínima de licitación, lo que genera inquietud entre los actores del sector debido a la posibilidad de que se transfiera infraestructura crítica a un precio irrisorio. Las provincias de Neuquén y Río Negro han recibido borradores del pliego, pero aún no hay claridad sobre su rol en la futura gestión ni en la distribución de beneficios más allá de las regalías prometidas.

El nuevo esquema representa un notable retroceso del Estado Nacional en la operación de estos complejos, abriendo la puerta a un mayor control del sector privado sobre recursos naturales vitales, sin mecanismos claros de regulación a largo plazo. El decreto que regula el próximo Concurso Público Nacional e Internacional para la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos establece una serie de requisitos técnicos y administrativos que deberán cumplir los futuros operadores.

Entre los aspectos más relevantes, los pliegos incluirán: el Contrato de Concesión, la delimitación y descripción del área concesionada, un inventario de bienes, normas de seguridad para presas, embalses y obras auxiliares, disposiciones para el manejo de recursos hídricos, la obligación de contar con guardias permanentes, medidas de protección ambiental, seguros obligatorios, y un conjunto de obras y trabajos de cumplimiento obligatorio. Estas condiciones buscan garantizar una operación segura, eficiente y sustentable, prolongando la vida útil de las centrales hidroeléctricas.

En cuanto a la coordinación, se prevé un trabajo conjunto entre la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) para la elaboración de los pliegos y la definición de las condiciones operativas. Por su parte, el Ministerio de Economía, a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, asumirá la responsabilidad de establecer los lineamientos del concurso y dictar medidas aclaratorias y complementarias.

El decreto también reconoce explícitamente el papel de las provincias de Neuquén y Río Negro en este proceso, otorgándoles plazos adicionales para analizar la propuesta y garantizando la protección de sus intereses, que incluye el pago de regalías por la explotación de los recursos hidroeléctricos. Durante el foro AmCham Energy, González esbozó un panorama que combina privatizaciones con metas de 'normalización' del sistema energético, confirmando que antes de fin de año también se venderá la participación estatal en Transener, otro activo clave en el sistema de transporte eléctrico. El funcionario defendió los recortes de subsidios y el traslado del costo de la energía a los usuarios, afirmando: 'La demanda hoy paga el 80% del costo de la energía; cuando asumimos, apenas pagaba el 30%', reconociendo el ajuste tarifario implementado durante su gestión.