El Gobierno nacional se prepara para avanzar de manera inminente con la reconcesión de las represas del Comahue, según lo anunció el viceministro de Economía, Daniel González. Esta decisión surge tras intensas negociaciones con los gobiernos de las provincias de Río Negro y Neuquén, y se enmarca dentro de un plan más amplio que incluye ajustes en tarifas, obras de infraestructura y la situación de la balanza energética.
Durante su participación en el foro AmCham Energy, González ofreció un panorama detallado sobre las políticas energéticas del Gobierno. Aseguró que están listos para proceder con la reconcesión de las represas del Comahue, aclarando que esto no implica una privatización, sino un proceso para adjudicar la operación por los próximos 30 años. Este movimiento busca asegurar la continuidad y la inversión en infraestructura clave para la generación eléctrica.
En el mismo contexto de reestructuración de activos, el viceministro adelantó que se prevé la venta de la participación estatal en Transener, una de las empresas más importantes en el transporte de energía eléctrica, en la que Enarsa posee el 50% de participación a través de Citelec. Además, mencionó que para el año 2025, y con mayor énfasis en 2026, se llevarán a cabo ventas o reconcesiones de los principales activos de esta firma estatal.
Respecto al desarrollo de Vaca Muerta, González mostró cautela, indicando que la actividad podría no alcanzar los niveles de crecimiento que se observaron en el pasado reciente. Atribuyó esta situación a la evolución normal del sector de petróleo y gas y destacó la caída del 15% en los equipos de perforación en Estados Unidos y en el yacimiento de Permian, que es similar al no convencional neuquino. Las empresas están ajustando sus planes de inversión debido al contexto económico y a la baja de los precios internacionales del petróleo, que pasaron de 80 a 60 dólares por barril en el último año. Aunque esto complica la competitividad, el viceministro lo considera una adaptación necesaria y no una alarma.
González también se refirió a la complicada tarea de la política tarifaria, que ha tenido que enfrentar la recomposición del costo de la energía y la retribución a las empresas en los primeros 18 meses de gestión. Destacó que el Gobierno heredó un sistema donde la demanda solo pagaba el 30% del costo de la energía, cifra que ahora asciende al 80%. Este ajuste, que implicó aumentos significativos, fue calificado como “una medida indispensable para normalizar el sistema y fomentar la inversión, evitando así una futura escasez de energía”.
En términos fiscales, la reducción de subsidios se ha convertido en un pilar clave. González reveló que los subsidios energéticos, que llegaron a representar el 2% del PBI y un gasto de 100.000 millones de dólares, actualmente se ubican entre el 0,5% y el 0,6%. Esta notable disminución permite al Gobierno ser más selectivo en la evolución de la reducción de subsidios y su impacto en las tarifas. En este sentido, aseguró que “las tarifas de las distribuidoras de energía y gas ya pasaron por una revisión integral y, a partir de ahora, se mantendrán en términos reales, lo que significa que su evolución no debería superar la inflación para lo que resta del año”.
En cuanto a la balanza energética, el viceministro resaltó el cambio de enfoque impulsado por la Ley Bases. A diferencia de la antigua Ley de Hidrocarburos, que promovía el autoabastecimiento, la nueva normativa busca maximizar recursos, fomentar la libre competencia y referenciar precios internacionales, un aspecto crucial para atraer inversiones. Gracias a Vaca Muerta y la sustitución de importaciones de líquidos, el país logró revertir un déficit de 7.000 millones de dólares a un superávit de 5.500 millones el año pasado. Aunque la caída del precio internacional del petróleo podría moderar el superávit, se espera que el aumento en el volumen de producción compense parcialmente esta situación, proyectando un resultado para 2025 en línea con el año anterior o incluso un 10% por encima.
Finalmente, González abordó la situación de la infraestructura, defendiendo la gestión reciente ante las críticas por los cortes de gas en invierno. Negó que existiera una “crisis del gas” y explicó que el protocolo para cortar el servicio a usuarios no esenciales funcionó adecuadamente. Destacó que la infraestructura de transporte de hidrocarburos está siendo desarrollada por el sector privado y que el Gobierno se concentra en crear las condiciones propicias para ello, citando como ejemplo el financiamiento privado del Oleoducto Vaca Muerta Sur, que semanas atrás cerró un préstamo sindicado con bancos internacionales por 2.000 millones de dólares.
En el sector eléctrico, aunque los proyectos de transmisión requieren más tiempo, el Gobierno ya licitó el almacenamiento de potencia en el AMBA, lo que generó un gran interés, con 27 ofertas por 1.400 MW. Este plan busca mitigar los problemas de picos de demanda y representa la primera vez en décadas que la distribución contrata directamente a la generación. González concluyó afirmando que la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es un “éxito total”, permitiendo que “varios proyectos que estaban en duda se aceleraron, especialmente en minería, y hay tres proyectos enormes que se presentarán este año vinculados al cobre”. También mencionó que hay varios proyectos adicionales en energías renovables y otros relacionados con el tratamiento de crudo y logística, lo que demuestra que el RIGI es una herramienta vital que ofrece menos impuestos, acceso al mercado de cambios y estabilidad regulatoria y fiscal, aspectos muy valorados por los inversores extranjeros.
