La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares, un cambio que promete flexibilizar la actividad minera en el país. La votación, que se llevó a cabo en un ambiente de alta tensión política y con la presencia notable de Karina Milei en las gradas, resultó en un total de 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Este resultado se considera un triunfo estratégico para La Libertad Avanza (LLA) y los gobernadores de provincias mineras, quienes ven en esta modificación la clave para desbloquear proyectos que podrían generar ingresos multimillonarios.
La reforma tiene como objetivo principal aclarar conceptos y mejorar la relación entre el Estado Nacional y las provincias, permitiendo que estas últimas realicen estudios técnicos de “segundo y tercer nivel” para determinar si una zona periglacial cumple o no una función hídrica estratégica. Esto podría abrir la puerta a nuevas actividades mineras en áreas que antes estaban restringidas.
El bloque oficialista logró captar el apoyo de varios sectores, incluyendo a aliados como el PRO, la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal, quienes en su mayoría respaldaron la iniciativa. Entre los votos clave, se sumaron los bloques provinciales de Catamarca, San Juan, Santa Cruz y Neuquén. Sin embargo, el oficialismo sorprendió al conseguir el apoyo de dos diputados de Unión por la Patria, rompiendo así la uniformidad de la oposición.
Desde Mendoza, siete diputados votaron a favor, incluyendo a Luis Petri y otros correligionarios, mientras que tres se manifestaron en contra. El eje del debate giró en torno a la dicotomía entre producción y protección hídrica. José Peluc, miembro informante de LLA, defendió la ley argumentando que no compromete el principio de “no regresión” ambiental y que el IANIGLA no se debilita, sino que se complementa con las capacidades provinciales. Por el contrario, la oposición fue contundente en su crítica.
Adriana Serquis de UxP advirtió que la reforma se basa en datos no científicos, señalando que un 1% de la cordillera representa la superficie de los glaciares, los cuales alimentan las cuencas que abastecen a 7 millones de habitantes. Miguel Pichetto, quien votó en contra, argumentó que no hay elementos técnicos que justifiquen los cambios y que la Nación perdería capacidad de control sobre este recurso vital.
Entre los puntos destacados de la nueva ley se encuentran la ratificación del carácter de “reserva estratégica” de las áreas glaciares, aunque se permitirá revisar el Inventario Nacional de Glaciares (ING) en aquellos casos donde no se demuestre una función hídrica real. Además, la reforma otorga a las provincias mayor autonomía para decidir sobre sus territorios, evitando la superposición de competencias con la Nación. También se busca brindar seguridad jurídica a proyectos de litio y cobre que se encontraban estancados debido a la ambigüedad en la delimitación de la zona periglacial.
Al cierre de la sesión, Máximo Kirchner concluyó el debate comparando la situación con la de Chile, señalando que, a pesar de tener un tercio de la población argentina, este país exporta diez veces más. Con la ley ya sancionada, el sector minero aguarda la reglamentación necesaria para avanzar con las inversiones proyectadas bajo el RIGI, mientras que las organizaciones ambientalistas ya anticipan que llevarán la discusión a instancias judiciales.
