La controversia en torno a la protección de las reservas hídricas en Argentina ha alcanzado un nuevo punto álgido. Más de 30 organizaciones sociales y ambientales, bajo la dirección de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), presentaron un informe técnico que analiza en profundidad cada artículo de la reforma de la Ley de Glaciares, conocida como Ley N.º 26.639.

El veredicto es contundente: el proyecto es considerado «ilegal e inconstitucional» y transgrede tratados internacionales de derechos humanos. Las ONG argumentan que la propuesta del gobierno nacional no tiene como objetivo «precisar» la ley, sino que busca disminuir drásticamente los estándares de protección para facilitar actividades industriales, especialmente la minería de cobre y oro, en áreas que actualmente están protegidas por su relevancia hídrica.

El informe detalla cómo cada modificación afecta la seguridad de los ecosistemas montañosos. Por ejemplo, el primer artículo plantea una pérdida del carácter público de los glaciares, lo que permitiría a las provincias actuar sin reconocer el derecho colectivo a un ambiente sano. Además, el recorte del Inventario de Glaciares, abordado en los artículos 2 y 4, implica que no todos los glaciares estarán bajo protección; solo aquellos que las provincias consideren «reservas estratégicas hídricas» estarán a salvo. Esto otorga a las provincias la facultad de eliminar cuerpos de hielo del Inventario Nacional sin criterios científicos uniformes.

Otro punto crítico es la inversión del principio precautorio. Según el artículo 3, las zonas quedarían desprotegidas hasta que cada provincia verifique si cumplen funciones hídricas, lo que pone en peligro microcuencas esenciales para las comunidades locales. Asimismo, el artículo 5 propone un cambio drástico: se sustituiría la prohibición total de actividades dañinas por autorizaciones provinciales, lo que beneficiaría directamente a proyectos mineros como Josemaría, Los Azules y El Pachón, cuyas infraestructuras se encuentran cerca de glaciares de escombro.

El informe también subraya que esta reforma contraviene el «principio de no regresión» establecido en el Acuerdo de Escazú, un tratado de rango superior a las leyes nacionales que prohíbe a los estados disminuir los niveles de protección ambiental ya alcanzados. Las organizaciones denuncian que se está sustituyendo el federalismo de concertación por un «feudalismo administrativo», donde cada provincia podría decidir qué proteger y qué no, fragmentando así la protección nacional y vaciando de contenido el concepto de presupuestos mínimos.

En respuesta a las críticas del sector minero, que sostiene que la ley actúa como una «barrera», las ONG defienden que la norma «no bloquea el desarrollo: lo ordena». En un contexto de crisis climática global, desproteger los suelos congelados, que funcionan como reguladores hídricos en épocas de sequía, podría provocar impactos económicos y sociales irreversibles. Las organizaciones concluyen que la reforma carece de justificación científica y técnica, y advierten que avanzar con estos cambios ignoraría el fallo de la Corte Suprema de 2019, que ya ratificó la plena constitucionalidad de la ley vigente.