El Poder Ejecutivo presentó anoche al Congreso un nuevo proyecto de ley que busca reformar el "Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial". Esta iniciativa, que se discutirá en el marco de las Sesiones Extraordinarias, tiene como objetivo centralizar la protección de los glaciares que cumplen funciones hídricas.

El texto, que consta de siete artículos, plantea aclaraciones fundamentales para asegurar el desarrollo de actividades productivas sin comprometer la conservación de estos recursos naturales. La reforma de la Ley 26.639 mantiene la protección de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, pero enfatiza que este resguardo debe ser compatible con el Artículo 41 de la Constitución Nacional y la utilización racional de los recursos naturales que pertenecen a las provincias.

En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, se argumenta que la ley vigente desde 2010 presenta "graves falencias" y que, bajo "pretextos ideológicos", se obstaculizó el desarrollo del país. La intención del gobierno es modificar la ley para ordenar el marco normativo actual, eliminar interpretaciones arbitrarias y consolidar un sistema de federalismo ambiental que respete la Constitución.

El gobierno sostiene que esta reforma responde a un compromiso de "liberar las fuerzas productivas de la Argentina" y atender las demandas de las provincias que forman parte de las Mesas del Litio y del Cobre. También se señala que la normativa actual ha generado "inseguridad jurídica", paralizando inversiones y afectando el ejercicio legítimo de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su "total acuerdo y compromiso" con la protección de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. Destacó que este principio quedó reflejado en el artículo 1° de la ley, que busca proteger estos recursos fundamentales.

A pesar de esto, la CAEM también enfatizó la necesidad de aclaraciones, ya que no todos los glaciares y ambientes periglaciales cumplen con la función de reservas estratégicas de recursos hídricos. Por lo tanto, la identificación de estos espacios debe realizarse de acuerdo con la opinión de expertos, caso por caso, y respaldada por estudios específicos.

El proyecto busca clarificar el marco normativo, poner fin a interpretaciones arbitrarias y establecer un esquema de federalismo ambiental que sea compatible con la Constitución. La modificación más significativa se centra en la definición del Artículo 1, que establece que "los glaciares constituyen bienes de carácter público".

Este artículo establece "los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial" con el fin de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como fuentes de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Se contempla su uso para el consumo humano, la agricultura, la protección de la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

El proyecto también introduce cambios en la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, fundamental para definir las áreas protegidas. El nuevo Artículo 3 establece que solo se identificarán los glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos hídricos. Además, se incorpora el "Principio precautorio", que estipula que todos los glaciares y geoformas en el Inventario serán considerados protegidos hasta que se verifique su falta de funciones hídricas.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) seguirá a cargo del Inventario, aunque la omisión de eliminar un glaciar que no cumple funciones no afectará la validez de la autorización otorgada por la autoridad provincial.

Asimismo, el proyecto reformula el Artículo 6, vinculando su aplicación a la identificación previa de áreas por parte de la autoridad ambiental provincial. Se mantiene la prohibición de actividades que alteren de manera significativa la condición natural de los glaciares, salvo en casos de investigación científica o prevención de riesgos.

El Artículo 7 establece que todas las actividades proyectadas en glaciares y ambientes periglaciales estarán sujetas a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) antes de su autorización y ejecución. Las autoridades provinciales serán las encargadas de determinar qué actividades implican una "alteración relevante" y, por ende, no pueden ser autorizadas.

Finalmente, la reforma del Artículo 8 refuerza el papel de las provincias, ya que la autoridad ambiental de cada jurisdicción será responsable de identificar cuáles glaciares y qué ambientes periglaciales cumplen con funciones hídricas, y deberán compartir esta información con el IANIGLA para que este actualice el Inventario.