El sector minero se posiciona a favor de la reforma de la Ley de Glaciares, argumentando que es fundamental para el desarrollo de la actividad en el país y reivindicando la importancia del federalismo. Esta modificación a la Ley 26.639 se ha transformado en uno de los temas más debatidos durante las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional.
El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) emitió un comunicado en el que expresa su respaldo al proyecto de reforma, señalando que la legislación vigente desde 2010 presenta “imprecisiones conceptuales” que obstaculizan el desarrollo minero sin ofrecer una protección real y efectiva. Los especialistas en derecho minero sostienen que la discusión no se centra en la desprotección del hielo, sino en la necesidad de alinear la ley con los principios del federalismo que establece la Constitución Nacional.
El IADEM subraya que las reformas propuestas no disminuirán los niveles de protección ambiental, sino que, por el contrario, los fortalecerán. Uno de los principales puntos de controversia radica en la definición de ambiente periglacial. Según el sector minero, las definiciones ambiguas en la ley original han conducido a interpretaciones erróneas y a la judicialización de proyectos, lo que afecta la inversión y el desarrollo de la actividad.
La reforma busca enfocar la protección en aquellas geoformas que desempeñan una función hídrica efectiva y relevante. Esta postura es respaldada por los gobernadores de las provincias que integran la “Mesa del Cobre” y la “Mesa del Litio” (San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy), quienes argumentan que la falta de claridad en la normativa erosiona la confianza de los inversores. Al modificar la ley, se pretende evitar la paralización de actividades sostenibles en áreas que no son estratégicas como reservas de agua.
Un aspecto clave del argumento a favor de la reforma es el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, tal como lo establece el Artículo 124 de la Constitución. El IADEM sostiene que incluir la participación provincial en la gestión de recursos naturales refuerza el esquema federal. Las autoridades locales poseen un conocimiento técnico específico sobre sus cuencas, lo que les permite gestionar la regulación de manera más efectiva. Además, la normativa nacional establece parámetros mínimos, pero son las provincias las que gestionan su aplicación sin discrecionalidad, lo que aporta seguridad jurídica a los inversores.
A pesar de la defensa del sector minero, la controversia persiste. Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y referentes como Enrique Viale critican la reforma, considerándola inconstitucional. Argumentan que limitar la protección a geoformas con “rol hídrico relevante” disminuye los estándares nacionales y abre la puerta a la minería en zonas actualmente vedadas. Sin embargo, el IADEM responde a estas críticas afirmando que un derecho ambiental efectivo debe basarse en preceptos claros, subrayando que “la protección del ambiente no se debilita con normas claras y consensuadas: se fortalece”.
El desafío legislativo que enfrenta el país es articular el desarrollo productivo con la preservación del recurso hídrico, garantizando un equilibrio que satisfaga tanto el mandato constitucional como las exigencias ambientales del siglo XXI.

