El Senado de la Nación dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares, un cambio que marca un hito en la relación entre la industria extractiva y la protección del medio ambiente en Argentina. Con un resultado de 40 votos a favor y 31 en contra, esta modificación redefine las pautas de conservación y otorga a los gobernadores la autoridad para autorizar proyectos mineros y energéticos en áreas que antes estaban prohibidas.

El enfoque principal de esta reforma se centra en las zonas «periglaciares», que hasta ahora funcionaban como un escudo protector alrededor de los glaciares, impidiendo cualquier actividad industrial. Con la nueva normativa, estas áreas podrán ser habilitadas para la explotación, siempre que se presente una evaluación de impacto ambiental que demuestre que el área no cumple una «función hídrica relevante».

La medida responde a solicitudes de los gobernadores de Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza, quienes argumentan que la legislación anterior era demasiado restrictiva y obstaculizaba el desarrollo económico. El objetivo es claro: facilitar la llegada de inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Desde el oficialismo, sostienen que el inventario actual de glaciares está desactualizado y que esta ley permitirá que estudios técnicos modernos identifiquen científicamente qué áreas son esenciales para las cuencas hídricas y cuáles pueden ser utilizadas para la minería de litio, cobre y oro.

Los puntos más destacados de la reforma incluyen: la facultad provincial para decidir qué zonas proteger, eliminando la intervención del Gobierno Nacional; el fin de la prohibición automática en áreas cercanas a los glaciares; y un criterio técnico que habilitará zonas para la industria siempre que no se pruebe su vitalidad para el sistema hídrico.

A medida que el proyecto avanza hacia la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, la tensión social aumenta. Este miércoles y jueves se llevarán a cabo audiencias públicas, pero la controversia estalló al conocerse que el oficialismo solo permitirá la exposición de 200 de los 100 mil inscriptos. Bajo el lema “hacer fila hasta que nos dejen hablar”, organizaciones ambientales, pueblos originarios y sectores de la oposición han convocado a una movilización frente al Congreso. Los manifestantes denuncian que limitar la participación ciudadana es una estrategia para avanzar con una reforma que podría poner en riesgo las reservas de agua dulce del país en un contexto de crisis climática global.