El debate sobre la Ley de Glaciares vuelve a cobrar protagonismo en la agenda energética y ambiental de Argentina. Un nuevo proyecto de reforma, actualmente en análisis, propone un marco más flexible que busca equilibrar la protección del medio ambiente con los intereses productivos, fortaleciendo así el papel de las provincias en la definición de las normas de protección ambiental.

La iniciativa no busca desregular, sino más bien ordenar y dar mayor claridad a una normativa que, en su aplicación actual, ha generado confusiones tanto técnicas como jurídicas y económicas. Según Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú y del IGPUBA, el proyecto se basa en cuatro pilares fundamentales: seguridad jurídica, federalismo, eficiencia técnica e impulso a las inversiones mineras, especialmente en sectores estratégicos como el litio y el cobre.

Uno de los puntos más criticados de la legislación vigente es la falta de claridad sobre qué áreas están protegidas y qué actividades están prohibidas, lo que ha generado numerosos conflictos administrativos y judiciales. La reforma busca aclarar el alcance de las normas actuales sin disminuir los estándares de protección ambiental. Se propone que las provincias asuman un papel más activo en la identificación de glaciares y geoformas periglaciales, utilizando estudios científicos que validen su importancia hídrica.

Esta propuesta reconoce que las autoridades provinciales poseen información valiosa sobre sus territorios y pueden contribuir con datos actualizados al Inventario Nacional de Glaciares (ING). En este sentido, se critica que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) haya tardado más de 15 años en completar solo el Nivel 1 del inventario, sin avanzar en la determinación precisa de la función hídrica de muchas geoformas.

La reforma también promueve la creación de un inventario más dinámico, que se actualice de manera constante. Otro cambio significativo es la transición de un esquema basado en prohibiciones absolutas hacia uno fundamentado en evidencias concretas y evaluaciones técnicas. En este nuevo marco, las actividades productivas no estarían automáticamente prohibidas, sino condicionadas a que no afecten significativamente las funciones ambientales de los glaciares o de los ambientes periglaciales.

Según Carbajales, esta redefinición permitiría desbloquear proyectos de desarrollo económico sostenible, especialmente en el ámbito de la minería estratégica, sin sacrificar los principios de protección ambiental ni el principio de no regresión establecido en el Acuerdo de Escazú.

Entre los aspectos positivos, el proyecto introduce una mayor previsibilidad para las inversiones, refuerza el federalismo de concertación y promueve decisiones basadas en la ciencia y la evidencia técnica. Además, se enmarca en el contexto del Pacto de Mayo 2024 y surge como respuesta a las solicitudes de los gobernadores que forman parte de las Mesas del Litio y del Cobre, sectores cruciales para la transición energética y la economía nacional.

Sin embargo, especialistas advierten que este nuevo enfoque representa un cambio considerable respecto al diseño original de la Ley 26.639. La protección ambiental se desplaza de una tutela amplia hacia un esquema más flexible, donde la protección ya no es automática y depende de evaluaciones administrativas y estudios de impacto ambiental. El foco principal se centra en el ambiente periglacial, cuya protección quedaría condicionada a la verificación de una función hídrica específica, lo que plantea el desafío de no subestimar su valor sistémico como reserva estratégica frente al cambio climático.