La minería en Argentina enfrenta un estancamiento significativo debido a la ausencia de un marco regulatorio claro, según lo afirmó Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Durante una reciente exposición ante medios de comunicación, Cacciola presentó un diagnóstico preciso sobre los desafíos que atraviesa el sector. Subrayó que la inseguridad jurídica, la caída de los precios internacionales y la falta de un marco regulatorio definido son los principales obstáculos que impiden el crecimiento de la minería en el país.

Un punto crítico destacado por Cacciola es que el 62% de los recursos fiscales generados por la minería se destina a la Nación, mientras que solo el 38% queda en manos de las provincias productoras. Esta distribución desproporcionada dificulta la planificación de obras de infraestructura y servicios básicos en las áreas mineras.

Cacciola enfatizó que, a pesar del potencial que tiene la minería argentina, sin condiciones básicas, como un marco normativo claro y reglas estables, las inversiones seguirán siendo postergadas. “Hay interés por parte de los inversores, pero la falta de definiciones políticas y la ambigüedad de ciertas leyes paralizan los proyectos”, advirtió.

En el contexto actual, donde los precios internacionales están en baja y las elecciones nacionales se acercan, Cacciola mencionó que “la ansiedad es alta, pero también la prudencia. Nadie tomará decisiones clave antes del recambio político”.

Uno de los aspectos centrales de su presentación fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que Cacciola describió como una oportunidad crucial para equilibrar la carga tributaria, facilitar el acceso a divisas y proporcionar seguridad jurídica. Sin embargo, también subrayó que este régimen debe complementarse con políticas más amplias.

“Hay más de 21.000 millones de dólares en juego. La gente quiere saber qué beneficios traerá esto a las comunidades y al país. El sector no rechaza los impuestos, pero el esquema actual es asfixiante”, enfatizó.

Otro de los obstáculos legales que mencionó es la actual Ley de Glaciares, a la que calificó como “confusa y paralizante”. Cacciola sugirió tres posibles caminos para su modificación: reglamentación mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU), creación de una nueva ley, o un acuerdo institucional entre la Nación y las provincias con el respaldo de la Corte Suprema. “No se trata de dejar de proteger los glaciares, sino de dar certeza sobre qué se protege y cómo. Las provincias necesitan mayor autonomía en la gestión de sus recursos”, explicó.

Asimismo, expresó su preocupación por proyectos de ley como el de Humedales, que podrían impactar negativamente en la explotación de salares de litio si no se aclara su alcance.

El presidente de CAEM también realizó un análisis del estado actual del sector: mencionó que hay seis proyectos de cobre en etapas avanzadas, siete proyectos de litio en producción y que la producción de oro ha disminuido debido a problemas internos. Sin embargo, el litio muestra un crecimiento notable, con un aumento del 238% desde 2018, posicionando a Argentina como el cuarto país de Latinoamérica en reservas de oro.

“Contamos con una geología privilegiada, pero nuestra producción es escasa en comparación con el potencial. Las exportaciones récord se deben más a los precios que al volumen”, afirmó Cacciola.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de generar valor en las comunidades cercanas a los yacimientos, priorizando la contratación de proveedores locales y la capacitación de la mano de obra. Rechazó los esquemas de porcentajes fijos para empleo, abogando por la formación de trabajadores y técnicos argentinos.

En conclusión, Cacciola insistió en que el desarrollo del sector minero dependerá de decisiones políticas firmes y consensuadas. “No podemos seguir postergando reformas. Si no hay seguridad jurídica y acuerdos institucionales claros, perderemos inversiones y oportunidades de desarrollo”, concluyó.