La creciente presión ambiental, la escasez hídrica y la expansión de nuevos emprendimientos mineros en San Juan generaron un renovado interés por alternativas sostenibles para abastecer de agua a la industria. 

Entre las opciones que despiertan mayor atención se encuentra el modelo de desalinización de agua de mar aplicado en Chile, una tecnología ya consolidada en ese país, donde 22 yacimientos mineros emplean este recurso y se proyecta que, hacia 2040, el 95 % de la actividad minera funcionará con agua desalinizada del Océano Pacífico.

Chile adoptó esta solución impulsado por una combinación de factores: una prolongada sequía, la reforma de su ley de aguas, que prioriza el uso humano del recurso, y una creciente presión ambiental. Esta estrategia lo ha posicionado como un referente internacional en el aprovechamiento de fuentes no convencionales de agua para la minería. 

Aunque el proceso demandó inversiones multimillonarias y superación de desafíos técnicos, permitió proteger sus reservas de agua dulce, cada vez más escasas en toda la región andina.

En San Juan, el interés por esta alternativa se acentuó tras las declaraciones de Jack Lundin, presidente de una de las empresas con presencia en la provincia, quien reveló que analizan la posibilidad de importar agua de mar desde Chile para una etapa futura del proyecto Vicuña. 

Aunque este tipo de infraestructura aún no se ha implementado en Argentina, el avance de la minería y las nuevas regulaciones ambientales abren la puerta a replicar el modelo chileno.

El uso del agua es esencial en la mayoría de los procesos mineros metalíferos. Desde la lixiviación, donde el líquido actúa como agente para disolver los metales con cianuro o ácidos, hasta la flotación, que permite separar minerales valiosos, el recurso hídrico es clave. También cumple funciones básicas en los campamentos mineros, desde el consumo humano hasta las tareas de higiene y mantenimiento.

La experiencia chilena constituye un ejemplo concreto. A partir de 2017, en el marco del Acuerdo de París y frente a una notable disminución de nevadas, el país ajustó su legislación y empujó al sector minero a adoptar agua desalinizada como fuente exclusiva. 

Actualmente, cerca del 50 % del agua utilizada por la minería chilena proviene del mar, y los empresarios manejan esta tecnología con fluidez tras un proceso de aprendizaje y adaptación que llevó algunos años.

Luis de Benito, un ingeniero oriundo de San Juan con trayectoria en obras de conducción tanto en América como en Medio Oriente, detalló que el procedimiento comienza con la captación del agua marina. 

Esta fase inicial implica la instalación de tuberías que se adentran en el océano, acompañadas de sistemas que resguardan el medio ambiente. Posteriormente, el agua atraviesa dos etapas de filtrado antes de ingresar al proceso de desalinización, el cual requiere un alto consumo de energía eléctrica y genera una salmuera altamente concentrada, que debe ser cuidadosamente reinsertada al mar.

Una vez completado el proceso de desalinización, el agua es impulsada hacia los yacimientos ubicados en la cordillera. Para esto, se utilizan ductos que pueden extenderse hasta 300 kilómetros, compuestos por tuberías de acero de más de un metro de diámetro, protegidas contra la corrosión y muchas veces emplazadas en terrenos con grandes desniveles. Superar estas dificultades geográficas demanda el uso de grúas especiales y una planificación técnica muy precisa.

Dependiendo del terreno, los ductos pueden ir enterrados o bien pasar por túneles. Los retos son especialmente complejos en regiones como el norte de Chile, donde la precordillera se encuentra cerca de la costa y muchos proyectos mineros se sitúan por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

No obstante, el aspecto económico representa un desafío considerable. De acuerdo con De Benito, levantar una planta desalinizadora junto con su sistema de transporte puede implicar una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares, a lo que se suma el costo de puesta en funcionamiento de la mina. 

A esto se agrega un alto gasto operativo: entre 10 y 12 dólares por litro, lo que obliga a que el sistema solo se justifique en proyectos con gran rentabilidad.

Pese a estas cifras, hay expectativas positivas respecto a la posibilidad de implementar un modelo similar al chileno en la provincia de San Juan. Empresas con operaciones en ambos lados de la cordillera ya analizan su desarrollo, y desde el sector privado chileno hay voluntad de cooperar. 

Gracias a la tecnología actual y al conocimiento técnico disponible, el agua del océano Pacífico podría convertirse en una alternativa real para garantizar el abastecimiento hídrico en la minería sanjuanina.