El gobierno sueco ha decidido tomar medidas para aumentar la confianza de los inversores en el sector nuclear, protegiéndolos de posibles cambios políticos que puedan afectar sus inversiones. Para ello, se ha designado a una investigadora especial que propondrá un sistema de compensación estatal en caso de que se decida desmantelar la energía nuclear por decisiones políticas futuras.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer previsibilidad a los propietarios de reactores nucleares, disminuir el riesgo para los inversores y, en consecuencia, facilitar más inversiones en el sector. La administración enfatiza que las inversiones en energía nuclear son a largo plazo, lo que implica que los reactores requieren un tiempo considerable para su construcción y deben operar durante décadas, lo que puede generar la necesidad de más inversiones en el futuro.

Sin embargo, el contexto político ha variado en el tiempo, lo que ha llevado a que muchos inversores se abstengan de realizar aportes debido al temor de que decisiones políticas puedan forzar el cierre de las instalaciones. La investigadora especial, Anne Vadasz Nilsson, tiene la tarea de definir quiénes tendrían derecho a la compensación, qué tipo de decisiones políticas darían lugar a este derecho, y analizar cómo se calcularía la compensación por inversiones en nuevos reactores nucleares que se cancelen antes de su operación.

Además, deberá proponer un modelo para financiar dicha compensación y presentar las reformas legislativas necesarias para regular este sistema. El informe intermedio debe ser entregado a más tardar el 29 de junio de 2026, y el informe final el 1 de diciembre de 2026.

La ministra de Energía y Empresa, Ebba Busch, aseguró que los propietarios de plantas nucleares no deberían preocuparse por la inestabilidad política que pueda afectar sus proyectos. Por su parte, la ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson, subrayó la importancia de contar con un suministro eléctrico robusto y libre de fósiles, fundamental para la seguridad financiera de los hogares y la creación de empleo en Suecia.

La ministra de Clima y Medio Ambiente, Romina Pourmokhtari, también destacó que los riesgos financieros asociados a la construcción de nuevas plantas nucleares deben estar protegidos contra cambios políticos, lo que justifica la necesidad de un sistema de compensación. En este sentido, Tobias Andersson, portavoz de políticas empresariales de los Demócratas Suecos, afirmó que se están dificultando los cierres de plantas nucleares actuales o futuras por decisiones políticas.

Desde octubre de 2022, el nuevo gobierno de coalición de centro-derecha en Suecia ha adoptado una postura favorable hacia la energía nuclear. En noviembre de 2023, presentó un plan que prevé la construcción de nueva capacidad nuclear equivalente a al menos dos reactores grandes para 2035, con la posibilidad de que hasta 10 nuevos reactores entren en funcionamiento para 2045. Un nuevo acto sobre ayudas estatales entró en vigor el 1 de agosto, permitiendo a las empresas interesadas solicitar dicha ayuda.