Oil & GasVer tableroArgentina defendió con firmeza su postura ante la Justicia estadounidense en el juicio relacionado con la expropiación de YPF, un caso que ha generado gran repercusión tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, el país apeló el fallo en contra de YPF, que asciende a 16.100 millones de dólares, argumentando que hubo un error en la interpretación de la ley argentina y cuestionando las acciones especulativas de Burford Capital. La defensa resaltó que el sistema judicial de EE. UU. no debería involucrarse en este tipo de disputas, que deben resolverse conforme a la legislación local.
Durante la audiencia de alegatos orales, celebrada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, Argentina expuso los aspectos centrales de su defensa. Se enfatizó que la sentencia dictada en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska fue el resultado de una “interpretación errónea del derecho argentino” y de “ficciones jurídicas de graves consecuencias”. La Procuración del Tesoro subrayó que este no es un caso de derecho bursátil estadounidense y que los demandantes adquirieron sus acciones en YPF en transacciones privadas con Repsol, mucho tiempo después de la oferta pública inicial de 1993.
La defensa argumentó que los demandantes, al adquirir su participación en YPF, lo hicieron con una inversión mínima y drenaron recursos de la compañía mediante dividendos exorbitantes antes de la expropiación. Además, se destacó que cualquier controversia debería resolverse bajo la ley argentina y en tribunales de Argentina, utilizando los mecanismos procesales y sustantivos correspondientes.
Los abogados argentinos presentaron doce ejes clave durante su exposición. En primer lugar, cuestionaron la jurisdicción del tribunal, sosteniendo que el caso no debería haberse juzgado en EE. UU. y que hubo fallas en el proceso, como la falta de alegatos orales y la ausencia de un juicio por jurado, lo que se considera un vicio procesal.
En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios, la defensa argumentó que fue mal calculada bajo las leyes estadounidenses, incluso si se aplicara correctamente el derecho argentino. Se puso énfasis también en el carácter especulativo de la reclamación de Burford Capital, que adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y busca una ganancia desmesurada del 37.000%.
Además, se destacó la magnitud del fallo, que se presenta como “la mayor sentencia jamás dictada contra un Estado soberano”, lo que pone de relieve su impacto desproporcionado. La defensa también señaló que el tribunal falló en siete cuestiones de derecho argentino, ignorando la postura de la Corte Suprema de la Nación sobre su propia legislación.
Otro punto crucial fue la primacía del derecho público argentino en la resolución de reclamos por expropiación, donde el derecho contractual privado se subordina al derecho público. En este sentido, se hizo referencia a un precedente importante, el “San Martín”, donde la Corte Suprema argentina remitió un caso similar al fuero administrativo, reafirmando que estos reclamos deben resolverse en el ámbito del derecho público.
Finalmente, se recordó que las demandas de otros accionistas fueron extinguidas en el acuerdo alcanzado con Repsol por 5.000 millones de dólares, lo que refuerza el principio de pagador único. La defensa también refutó que el estatuto de YPF sea un contrato bilateral y destacó que el reglamento interno preveía sanciones específicas por incumplimiento, contradiciendo la sentencia de primera instancia. A lo largo de la audiencia, se subrayó la naturaleza “novedosa” del caso, resaltando la contradicción del tribunal al tratarlo primero como un caso contractual estándar y luego reconocerlo como una cuestión de derecho argentino, beneficiando a un financiador especulativo que había adquirido el reclamo por una suma irrisoria.










