En un fallo trascendental, la Corte de Apelaciones de Nueva York decidió a favor de Argentina en el litigio por la expropiación de YPF, eliminando así la condena que obligaba al país a abonar más de USD 16.000 millones. Esta resolución revierte la sentencia previa de la jueza Loretta Preska, quien había dictado que Argentina debía pagar esta suma por supuestos incumplimientos relacionados con la nacionalización de la petrolera en 2012.

El tribunal consideró que los reclamos presentados por los demandantes no son válidos bajo el derecho argentino ni dentro del marco legal que regula las expropiaciones. En consecuencia, determinó que la interpretación realizada en primera instancia fue incorrecta y decidió revocar la sentencia anterior. Este fallo no solo anula la condena, sino que también confirma otros aspectos favorables para el Estado argentino, ordenando que el caso regrese a instancias inferiores para continuar con el proceso de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos.

Así, se detiene cualquier intento de cobro de la indemnización que había marcado la pauta de este conflicto. El litigio tuvo su origen tras la nacionalización del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino tomó control de las acciones de la empresa. Los demandantes, entre los que se encontraban las firmas Petersen Energía y Eton Park, sostenían que el país debía haber realizado una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios, tal como lo establece el estatuto de la compañía.

La demanda fue impulsada por el fondo Burford Capital, que había adquirido los derechos a litigar tras la quiebra de las empresas Petersen. Este fondo esperaba obtener una parte significativa de la posible compensación. Tras conocerse el fallo, las acciones de los demandantes sufrieron una fuerte caída en los mercados internacionales, reflejando el impacto de esta decisión judicial.

La Cámara de Apelaciones ya había escuchado los argumentos de las partes en una audiencia celebrada en octubre de 2025. En esa ocasión, la defensa argentina argumentó que el caso debía ser resuelto bajo jurisdicción local y conforme a la legislación nacional. Este fallo representa un respaldo crucial para la posición argentina en uno de los litigios más relevantes de su historia en tribunales del exterior. Además, mejora las perspectivas financieras del país al despejar un frente judicial que condicionaba su acceso a los mercados internacionales de crédito.

El presidente Javier Milei celebró el resultado a través de un mensaje en redes sociales, expresando: “Ganamos el juicio”. A pesar de que los demandantes aún tienen la opción de llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la decisión de la Cámara marca un cambio decisivo en una disputa que se extendió por más de una década, convirtiéndose en la mayor demanda contra un Estado soberano en la historia judicial estadounidense.