Oil & GasVer tableroBrasil se encuentra en medio de una prolongada disputa judicial que define el futuro del fracking, una técnica que ha demostrado su efectividad en países como Argentina y Estados Unidos para aprovechar recursos no convencionales. A pesar de los éxitos en estos países, el sistema judicial brasileño se enfrenta a la difícil tarea de unificar criterios que permitan destrabar las inversiones en gas no convencional, mientras que el desarrollo offshore en el Presal avanza sin mayores contratiempos.
La técnica de la fracturación hidráulica, que permite extraer gas de esquisto, sigue atrapada en un laberinto de litigios que se remonta a más de diez años. El Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil se ha convertido en el escenario clave donde se decidirá si el país dará un paso hacia la autosuficiencia gasífera o si mantendrá la prohibición de facto que afecta a sus vastas reservas de gas de esquisto. Este proceso debe navegar a través de un conflicto de jurisdicciones y posturas muy divergentes.
Bajo la relatoría del ministro Afrânio Vilela, el STJ está tratando el Incidente de Asunción de Jurisdicción 21 (IAC 21), un caso que no se clasifica como un juicio común, sino como un “proceso estructural”. El Consejo Nacional de Justicia define este tipo de causas como aquellas que requieren una reorganización de políticas públicas o buscan resolver situaciones de incumplimiento persistente. En la reciente audiencia del STJ, se evidenció la disonancia entre tribunales: mientras que estados como Paraná y Santa Catarina prohíben la técnica, la normativa federal de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) la permite desde 2014, generando una incertidumbre jurídica que desincentiva las inversiones a largo plazo.
El origen de esta parálisis se remonta a 2013, cuando el Ministerio Público Federal (MPF) impugnó las licitaciones de la ANP para la exploración onshore. El argumento del MPF, defendido nuevamente en la audiencia por el procurador Aurélio Virgílio Veiga Rios, se basa en la falta de estudios específicos que obligan a aplicar el principio de precaución. Según el organismo, hasta que no exista una regulación que garantice riesgo cero, la actividad debe permanecer suspendida.
Adriano Pires, socio director del Centro Brasileño de Infraestructura (CBIE), ofrece una visión pragmática que respalda la postura del Ministerio de Minas y Energía. Según Pires, Brasil posee la décima reserva mundial de gas de esquisto, estimada en 245 billones de pies cúbicos, pero se encuentra en un estado de parálisis injustificada. Resalta que la tecnología ha evolucionado desde sus inicios en 1947, permitiendo un control preciso del subsuelo, evitando explosiones o fracturas descontroladas. La fracturación hidráulica consiste en inyectar fluidos —agua, arena y productos químicos— en las rocas para liberar el gas y el petróleo atrapados, un proceso que no es agresivo y se realiza únicamente dentro de la zona de interés, lo que permite controlar los impactos.
La comparación con Argentina es inevitable. Al cierre de 2025, el 66% de la producción de gas natural en Argentina proviene del shale gas, con casi el 100% de los nuevos pozos utilizando fracturación hidráulica. “Es una ironía”, señala Pires, “que Brasil importe gas de Vaca Muerta o de formaciones estadounidenses mientras bloquea su propia producción por temores que la ingeniería moderna ya ha mitigado”.
La audiencia en el STJ no fue unánime. Moara Giasson, del Ministerio de Medio Ambiente, planteó como preocupación central la seguridad hídrica, argumentando que Brasil carece de la infraestructura necesaria para gestionar el volumen y la toxicidad de los fluidos de retorno. Esta visión fue respaldada por la investigadora Bianca Dieile da Silva, quien alertó sobre posibles impactos en la salud pública, citando estudios que vinculan la cercanía de pozos con un aumento en hospitalizaciones por asma y problemas congénitos.
Representantes de la industria, como Claudio Fontes Nunes del Instituto Brasileño de Petróleo (IBP), cuestionaron esta postura, argumentando que los riesgos deben evaluarse “proyecto por proyecto” y no a través de prohibiciones generales. Para el sector industrial, el marco legal vigente de la ANP ya contempla medidas de mitigación ambiental y monitoreo de sismicidad inducida que se encuentran entre las más rigurosas a nivel global.
Más allá de la disputa técnica, el debate también adquiere una dimensión geopolítica y social. Marcos Troyjo, del Foro Económico Mundial, advirtió que en un escenario de “ESG 2.0”, la seguridad energética se traduce en soberanía. El gas natural, que emite un 44% menos de CO2 que el carbón y un 30% menos que el petróleo, se posiciona como el respaldo ideal para las energías renovables intermitentes, como la solar y la eólica. Para la agroindustria brasileña, el desarrollo del fracking podría tener un efecto dominó positivo, dado que actualmente el sector depende en un 73% del diésel y gran parte de los fertilizantes nitrogenados se importan desde Rusia.
El ministro Vilela insistió en que el debate debe ser “cualificado, amplio y democrático”, alejado de extremismos. La decisión que emane del STJ no solo validará o anulará contratos firmados hace más de una década, sino que definirá la hoja de ruta de la industria extractiva brasileña para los próximos años. Si el tribunal adopta un enfoque regulatorio estricto pero permisivo, Brasil podría iniciar un proceso de convergencia con los estándares de Argentina y Estados Unidos.










