El cierre del año 2025 para la industria petrolera se presenta con un panorama contradictorio que desafía la planificación a corto plazo. Por un lado, se registran récords de producción en Vaca Muerta, mientras que el sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) industriales enfrenta un escenario de estancamiento, caracterizado por altos niveles de capacidad ociosa y demoras en la renegociación de contratos con las grandes operadoras y empresas de servicios internacionales.

De acuerdo con el último informe del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), que agrupa a más de 250 empresas proveedoras de tecnología en el país, la actividad de perforación cerró noviembre mostrando una resistencia técnica, manteniendo activos 44 equipos (rigs), cifra que iguala la de octubre. Sin embargo, al comparar con el inicio del año, se observa una caída significativa, pasando de 60 rigs en enero a 45 en noviembre, aunque la brecha interanual se ha acortado de manera notable. En septiembre, la caída interanual era del 19,23%, mientras que en noviembre se redujo al 2,22%.

Este sostenimiento en la actividad depende casi exclusivamente de la performance de Vaca Muerta, donde el 84,1% de las operaciones de perforación y el 95,4% de las de completación se concentran en recursos no convencionales, evidenciando el declive de los yacimientos tradicionales. En este contexto, la Cuenca Neuquina reafirma su liderazgo, con una participación del 84,1% en la actividad de perforación total del país, dejando al Golfo San Jorge con apenas un 13,6%.

A pesar de un cierre de año marcado por el estancamiento y la cautela, el ánimo en el sector empresarial no es pesimista a largo plazo. Al proyectar el 2026, un 60% de los directivos se muestra entre “expectante y altamente optimista”, basando su entusiasmo en la inminente implementación de proyectos de gran escala que prometen transformar la matriz exportadora argentina, como el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), el oleoducto Vaca Muerta Sur y los desarrollos proyectados de GNL.

Las PyMEs locales, que generan más de 42.000 empleos directos y cuentan con 2.000 líneas de productos, mantienen su estructura operativa y buscan preservar sus equipos técnicos especializados. La estrategia es clara: resistir el actual bache de actividad para estar preparadas cuando el repunte en el upstream se traduzca en una reactivación plena de la fabricación y los servicios industriales argentinos durante el próximo ciclo anual.

En cuanto a la situación de las empresas, YPF se consolida como líder estratégico, según el informe del GAPP. La empresa nacional lidera tanto en perforación, con 13 rigs activos, como en fractura, con 934 etapas realizadas en el mes. Otras operadoras relevantes incluyen a PAE, Vista y Tecpetrol. En el ámbito de servicios especializados, la concentración es evidente, con firmas como Nabors, que opera 12 equipos, y Schlumberger, que realizó 746 fracturas.

A pesar de una aparente estabilización en los pozos, el flujo de divisas e inversiones hacia la industria manufacturera local aún no se siente con la fuerza necesaria. El informe del último trimestre indica que más del 65% de las empresas socias opera con al menos un 25% de su capacidad productiva ociosa. Un 51% de las firmas consultadas reportó niveles de capacidad ociosa media (entre el 25% y el 50%), mientras que un 16% se encuentra en niveles críticos de subutilización que superan el 50% de sus instalaciones.

Esta falta de dinamismo impacta directamente en las políticas de recursos humanos y en la estabilidad del empleo industrial. Aunque un 47% de las empresas asegura no haber tenido afectaciones directas en su nómina, el 70% de las PyMEs debió cancelar o postergar ingresos de personal previstos, reflejando una prudencia extrema ante el contexto. En casos más vulnerables, el 31% de las firmas se vio obligado a reducir personal y un 19% optó por acortar jornadas laborales para evitar despidos masivos.

Uno de los principales puntos de fricción para los proveedores radica en la situación económica y contractual de los acuerdos. Según el estudio, solo el 39% de las PyMEs logra actualizaciones de montos adecuadas y en tiempo. El resto de la cadena de valor enfrenta un panorama complejo: un 47% de las empresas logró revisar sus tarifas pero tuvo que conceder “condiciones desventajosas” que erosionan su rentabilidad, mientras que un 14% no pudo actualizar contratos en absoluto. La cadena de pagos y la burocracia comercial también muestran signos de fatiga. Solo el 39% de las firmas afirma que los plazos de negociación se cumplen correctamente, mientras que un 54% denuncia demoras de entre 3 y 6 meses por encima de lo acordado para actualizar condiciones básicas, generando un estrés financiero adicional difícil de soportar para una estructura pyme.