La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela ha alterado drásticamente el panorama energético del país. Con la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump declaró que asumirá el control del comercio petrolero hasta que se logre una transición efectiva. Este cambio de mando reaviva el debate sobre la viabilidad de recuperar la producción de hidrocarburos en un país que posee las reservas de crudo más grandes del mundo.

Según un análisis de la consultora Rystad Energy, para que Venezuela vuelva a alcanzar una producción de 3 millones de barriles diarios hacia el año 2040, se requerirán inversiones por un total de 183.000 millones de dólares. Este monto es comparable a lo que invierte el sector energético estadounidense en un año.

La recuperación de la producción no será instantánea. Rystad detalla que, en primer lugar, se necesitarán cerca de 53.000 millones de dólares en los próximos 15 años solo para mantener la producción actual, que se estima en 1,1 mbpd. Posteriormente, existe la posibilidad de aumentar la capacidad en entre 300.000 y 350.000 barriles diarios con una inversión moderada. Sin embargo, cualquier incremento que supere los 1,4 mbpd requerirá un esfuerzo financiero sostenido y una reconstrucción más profunda de la infraestructura.

Para que la meta de 3 mbpd en 2040 sea alcanzable, será esencial una inyección temprana de capital internacional. Rystad sugiere que se deberían comprometer entre 30.000 y 35.000 millones de dólares de manera anticipada para comenzar a revertir el estado crítico de la infraestructura petrolera venezolana.

La situación actual demanda un flujo constante de capital, estimándose que se necesitarán alrededor de 156.000 millones de dólares en compras de servicios, siendo los sectores de fabricación y construcción los más beneficiados. Todo esto, bajo la premisa de que se implementen reformas profundas en la gobernanza y se logre estabilizar la confianza de los inversores.

Desde Washington, se ha dejado claro que las grandes corporaciones estadounidenses, como Chemron, Exxon y ConocoPhillips, deberán liderar la reconstrucción del sector petrolero en Venezuela. La administración de Trump ha enfatizado que la recuperación de los activos confiscados en las últimas décadas depende de una inversión masiva e inmediata para revertir el colapso operativo que ha sufrido la industria.

Sin embargo, el deterioro de la infraestructura ha alcanzado niveles críticos, lo que ha llevado a las empresas norteamericanas a admitir su incapacidad para determinar con precisión los recursos necesarios para restablecer operaciones. Con un futuro político incierto, las garantías legales desaparecen, y la seguridad de los trabajadores se convierte en una preocupación primordial, especialmente para Chevron, la única compañía que aún mantiene operaciones en el país.

El analista del sector energético Nicolás Taiariol expresó en sus redes sociales que, aunque la idea de incrementar la producción en un millón de barriles diarios no es descabellada, se debe adoptar un enfoque realista. Según diversos análisis, en un escenario donde se levanten las sanciones y se logre el acceso a insumos críticos, Venezuela podría incrementar su producción de manera significativa en un plazo de entre 12 y 24 meses.

No obstante, Taiariol advierte que el verdadero desafío radica en la capacidad ociosa, especialmente en la Faja del Orinoco. En el corto plazo, la situación es contractiva debido a cuellos de botella operativos y la falta de insumos esenciales, como los diluyentes, necesarios para movilizar el crudo extrapesado. Para él, la recuperación de Venezuela es un problema relacionado con restricciones operativas y el marco institucional, más que con cuestiones geológicas.

El contexto político actual es inédito. Tras la “Operación Resolución Absoluta” del 3 de enero de 2026, la región observa un mapa de poder fragmentado. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue designada presidenta interina por el Tribunal Supremo, mientras que la infraestructura estratégica parece estar bajo supervisión estadounidense. Trump indicó que la administración interina podría entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo almacenados como parte de nuevos acuerdos.

A largo plazo, el objetivo es transformar una industria que ha sufrido por años de sanciones y desinversión en un motor energético competitivo, en un entorno donde la seguridad jurídica aún necesita ser reconstruida. Este miércoles, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, ofreció más detalles sobre el futuro del crudo venezolano. “Vamos a poner en movimiento el crudo almacenado y lo venderemos, tal como hacemos en nuestros negocios”, afirmó. “Tendremos a Estados Unidos como proveedor de diluyentes necesarios para permitir esa producción”, concluyó.