Oil & GasVer tableroEl reciente traspaso de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) a un operador privado se desarrolla en un contexto de volatilidad extrema debido a los conflictos en Medio Oriente. Esta situación genera preocupaciones sobre la estabilidad financiera, fundamental para el nuevo esquema que debe definirse antes del 21 de marzo.
Las tensiones en la región han impactado severamente en los mercados energéticos globales, llevando a un análisis exhaustivo por parte del Gobierno y las empresas sobre el proceso de desregulación en curso. Este proceso busca adjudicar a un comercializador privado la gestión de la importación de GNL, justo en un momento donde la estabilidad de precios y la logística se ven amenazadas.
El conflicto en Medio Oriente ha cerrado el estrecho de Ormuz, un punto crítico por donde transita cerca del 20% del gas y petróleo mundial. Esto ha llevado a que la producción y el despacho de GNL en Qatar, uno de los principales exportadores, estén prácticamente paralizados, resultando en un shock de oferta y un alarmante aumento de precios internacionales.
El indicador TTF, que Argentina utilizará como referencia, ha escalado más de un 40% en la última semana, lo que complica aún más la situación.
El Gobierno nacional decidió modificar su política energética para el invierno, formalizando el traspaso de estas operaciones a un nuevo operador privado mediante el Decreto 49/2026. Este decreto busca que un único comercializador se encargue de abastecer el sistema, reemplazando a la estatal ENARSA, que históricamente gestionó la compra de GNL.
El tiempo apremia, ya que la Resolución 33 de la Secretaría de Energía establece un plazo de 40 días para seleccionar al nuevo comercializador, lo que significa que todo debe estar cerrado para el 21 de marzo. Sin embargo, uno de los mayores desafíos para el futuro operador es el desfasaje temporal en los precios, que plantea un riesgo financiero considerable.
El esquema actual requiere que el comercializador cierre contratos de compra en el mercado internacional durante marzo, para luego vender el GNL regasificado a las distribuidoras locales en un período de dos a tres meses, coincidiendo con el pico de consumo invernal. Este desfase temporal expone al operador privado a un elevado riesgo cambiario y de mercado, ya que los precios de compra y venta no siempre se ajustan de manera sincronizada.
La modalidad de selección, que se basa en la menor oferta de tarifa en USD/MMBTU, busca eficiencia, pero limita el margen de error. El adjudicatario debe cubrir todos los costos operativos y su margen de rentabilidad, lo que se vuelve extremadamente complicado si el precio internacional se dispara debido a la situación bélica antes de asegurar los cargamentos.
La Secretaría de Energía se reserva el derecho de adquirir volúmenes adicionales ante cualquier riesgo de suministro, lo que implica que la capacidad de respuesta del operador privado podría verse comprometida si no se utilizan plenamente las capacidades de regasificación o si hay alteraciones logísticas.
La nueva estructura de precios para las distribuidoras se basará en el promedio de los primeros cinco días de cada mes, lo que busca dar previsibilidad. Sin embargo, para el operador privado representa un desafío financiero constante para evitar quedar en desventaja entre un alto costo de importación y un precio de venta regulado.
El nuevo operador enfrentará un sistema híbrido donde coexisten contratos directos y compras spot, en un mercado que aún está en proceso de definición. Además, la normativa actual no aclara cómo se distribuirán los costos de regasificación cuando la Secretaría de Energía deba intervenir, lo que podría generar disputas legales.
Este traspaso al sector privado es parte de un proceso de desregulación que Argentina inició en octubre de 2025 con la Resolución 400. Este marco normativo marcó el inicio de la recuperación de autonomía del mercado frente a la centralización estatal que predominó en las últimas dos décadas.
El éxito del nuevo comercializador de GNL dependerá, en gran medida, de su capacidad para navegar en un contexto geopolítico tan convulso. El gobierno busca eficiencia privada, pero en un mercado global tan inestable, la implementación de este nuevo esquema invernal requerirá medidas de reaseguro para garantizar el abastecimiento.










