La Justicia de Nueva York detuvo medidas cruciales en la ejecución del fallo en contra de Argentina por el caso YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito decidió suspender el proceso de discovery post sentencia y otros trámites pendientes hasta que se resuelva la apelación de fondo. Esta decisión fue celebrada por el Gobierno, que la considera un giro significativo en un litigio que expone al país a una condena multimillonaria por la expropiación de la petrolera.

Este miércoles, la causa judicial por la nacionalización de YPF sumó un capítulo trascendental para la estrategia argentina en los tribunales de Estados Unidos. A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente anunció que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender de manera inmediata el proceso de discovery post sentencia y el resto de los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, al menos hasta que se resuelva la apelación de fondo del caso. Esta pausa es crucial ya que se relaciona con la ejecución del fallo dictado en primera instancia contra el país.

Según lo destacado por la Casa Rosada, esta decisión también afecta a una audiencia de apelación vinculada al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios, un punto que había generado tensiones en las últimas semanas dentro del ámbito judicial. En este contexto, el Gobierno presentó la novedad como una resolución excepcional, resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Justicia y la Cancillería.

El comunicado resalta que el tribunal accedió a una solicitud presentada por el Estado argentino el 6 de marzo y la define como un hito en la defensa del país en uno de los litigios más gravosos de las últimas décadas. Este conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno argentino decidió reestatizar el 51% de la petrolera durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. A raíz de esa decisión, los demandantes alegaron que el Estado incumplió las reglas societarias de la empresa al no extender una oferta a los demás accionistas, lo que derivó en el juicio actual que enfrenta Argentina en Nueva York.

Entre los demandantes se encuentran el fondo de inversión Burford Capital, que adquirió los derechos de los accionistas minoritarios, como Petersen Energía, vinculado a la familia Eskenazi, y Eton Park. El caso dio un giro decisivo en 2023, cuando la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de Argentina y estableció una indemnización multimillonaria. Desde entonces, la disputa se centró no solo en la responsabilidad del Estado, sino también en la fase de cobro, lo que llevó a los demandantes a intensificar esfuerzos para rastrear activos argentinos en el exterior y avanzar sobre bienes que podrían ser objeto de embargo.

Por eso, la suspensión del discovery no es un dato menor. Aunque no representa una resolución definitiva sobre el fondo del caso ni revierte la condena, sí desactiva momentáneamente un mecanismo que podría haber aumentado la presión sobre el país mientras continúa la apelación principal. En términos políticos, permite al Gobierno mostrar una mejora en su posición procesal; en términos jurídicos, brinda un respiro en una instancia donde cada movimiento podía acarrear consecuencias patrimoniales y diplomáticas.

El comunicado emitido por la Presidencia, firmado por el presidente Javier Milei, también contiene un fuerte componente político. En él, se enfatiza que la administración nacional reanudará “con firmeza” el ejercicio del derecho de defensa y protegerá los intereses soberanos del país utilizando todas las herramientas legales disponibles. Además, el Presidente agradeció explícitamente a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; al procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; al subprocurador, Juan Stampalija; y al canciller Pablo Quirno.