El Gobierno nacional introdujo nuevas modificaciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado este 16 de noviembre en el Boletín Oficial. La medida busca perfeccionar el funcionamiento del régimen a partir de la experiencia acumulada durante su implementación.
Los cambios tienen especial relevancia para los sectores de hidrocarburos, minería e infraestructura energética, donde la magnitud de las inversiones exige estructuras societarias complejas, financiamiento internacional y cadenas de suministro altamente especializadas.
Una nueva definición de proveedor local
La modificación establece que podrán ser considerados proveedores locales todas las empresas constituidas y domiciliadas en Argentina, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o del origen de su capital.
La medida abre nuevas oportunidades para compañías internacionales que decidan radicarse en el país, instalar capacidad productiva, incorporar tecnología y generar empleo local.
En el caso de los bienes suministrados, deberán cumplirse los criterios de origen nacional establecidos en la normativa del Mercosur. De esta manera, la radicación de una empresa extranjera no convierte automáticamente sus productos importados en bienes nacionales.
El cambio adquiere especial importancia considerando que el RIGI establece un compromiso mínimo de contratación de proveedores locales del 20% del monto destinado a proveedores de bienes y obras, sujeto a condiciones de disponibilidad, precio y calidad.

Mayor flexibilidad para incorporar socios
El decreto también establece un procedimiento para incorporar nuevos integrantes o transferir participaciones en uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos adheridos al régimen, sin perder los beneficios otorgados al proyecto.
Las operaciones deberán notificarse dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción. La autoridad de aplicación contará con otros 30 días para formular observaciones.
Los nuevos socios deberán asumir los compromisos de inversión y las garantías pendientes. Asimismo, la adquisición de participaciones no podrá computarse como parte de la inversión mínima exigida cuando se realice después de presentada la solicitud de adhesión.
La reglamentación también permite transformar sucursales dedicadas en sociedades anónimas, previa autorización y transferencia integral del proyecto, preservando sus beneficios y plazos originales.
Financiamiento y proyectos de largo plazo
Otra de las modificaciones amplía el reconocimiento de divisas aportadas por accionistas y sociedades vinculadas a los vehículos de inversión, siempre que los fondos se destinen efectivamente al proyecto y se garantice su trazabilidad.
Además, se diferencia el plazo para alcanzar la inversión mínima global de los compromisos correspondientes a cada etapa de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo.
Un régimen que evoluciona con las inversiones
El desarrollo de Vaca Muerta, los megaproyectos de cobre, la expansión del litio y la construcción de infraestructura exportadora requieren mucho más que incentivos fiscales: necesitan herramientas que permitan movilizar capital, incorporar socios y desarrollar proveedores competitivos.
La nueva reglamentación apunta a reducir esas fricciones y consolidar un ecosistema industrial alrededor de las grandes inversiones.
El desafío del RIGI ya no es solamente atraer capital, sino transformar ese capital en capacidad productiva, infraestructura y desarrollo empresarial en Argentina.
